CHILE Y NICARAGUA: DOS CASOS MÁS DE PREOCUPACIÓN REGIONAL

Pedro F. Carmona Estanga

Como estaba previsto, tras las masivas manifestaciones populares que tuvieron lugar en Chile en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera concedió la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, en virtud de la cual el pasado 16 de mayo se realizó el proceso comicial para la integración de 155 curules de la Convención, que tendrá en sus manos la histórica responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna, sustitutiva de la heredada del General Augusto Pinochet.
Los resultados electorales hundieron al oficialismo (solo 37 escaños) y a los partidos tradicionales de centro-izquierda que habían ejercido el poder bajo la concertación democrática (Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata). La Concertación gobernó durante cuatro períodos consecutivos entre 1990 y 2010 con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michele Bachelet, hasta la elección de Sebastián Piñera en 2010 (Coalición por el Cambio). Michele Bachelet fue electa luego en 2014 para un segundo mandato, siendo sucedida también en un segundo mandato por Sebastián Piñera en 2018, quien deberá entregar el poder en 2022 a quien resulte favorecido en las cruciales elecciones de ese año.
De los 155 integrantes de la Convención Constituyente, los partidos de izquierda obtuvieron cerca de 80 escaños, producto del pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Lista del Pueblo 26 (izquierda), los pueblos originarios 17 por derecho propio, y el poder independiente, que se creció con 48 curules, muchos de ellos de izquierda. Se eligieron también gobernadores, alcaldes y concejales, en lo cual abundaron las sorpresas. Así, por primera vez en la historia, la capital, Santiago, tendrá una alcaldesa perteneciente al Partido Comunista, cosa que no había ocurrido ni siquiera durante el gobierno de Salvador Allende en los años 70. La Convención Constituyente tendrá un plazo de nueve meses, prorrogable por tres más para redactar la nueva Constitución, la cual deberá ser sometida a un referéndum popular aprobatorio en el curso del año 2022, mismo año de la elección presidencial. Llama la atención la abstención del 59% registrada en estos comicios constituyentes, fenómeno inentendible, pues la derecha debería haber estado comprometida en una mayor participación, al igual que los partidos tradicionales, en defensa de sus espacios; pero fue así mismo notable, la escasa participación de las comunidades indígenas.
El movimiento popular y constituyente en Chile, ha tenido como motivación principal: a) El origen mismo de la actual Constitución, con huellas de la dictadura, entre ellas en el centralismo; b) El modelo de democracia y economía liberal que lo caracteriza; c) El déficit social reivindicado en particular por una juventud inconforme, en temas como la educación, la inequidad, el papel del sector extractivo, y el sistema de pensiones. Pero es innegable que, pese a imperfecciones que habrían podido corregirse por medios legales o constitucionales, Chile progresó en los últimos años en forma sostenida, convirtiéndose en el país de mayor competitividad de la región, el de más alto ingreso per cápita, el primero en el índice de transparencia en temas de corrupción, y en el Doing Business sobre ambiente y facilidad para la inversión y negocios. Por ello, es de esperar que la Convención Constituyente no opte por tirar por la borda el progreso logrado, y que trate de arrasar con la democracia liberal, la separación de poderes, e irrenunciables principios republicanos.
Hay fundados temores de que la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista chileno, que conforman la izquierda más radical, trate de imponer una Constitución antisistema, populista, que propicie la división de clases, cargada de símbolos, emocionalidad, y en fin, de una ideología autocrática para sustituir el rol subsidiario del Estado, instaurar la plurinacionalidad bajo otros principios, y acabar con el sistema previsional, reconociendo que en ello caben sanos ajustes. En cualquier caso, el nuevo texto deberá ser aprobado por 2/3 partes de la Convención, y luego en referéndum popular, y que en caso contrario, se mantendría la Constitución de 1980. Ello puede moderar el ímpetu de tendencias extremas, que no harían un buen servicio al interés nacional.
En cuanto a las próximas elecciones en Nicaragua que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre, se trata de otro oscuro capítulo que preocupa gravemente a la región. El régimen totalitario de Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidente Rosario Murillo, con el apoyo del régimen venezolano, de Cuba y de Rusia, pretende perpetuarse en el poder bajo pautas similares a las aplicadas por Chávez-Maduro durante los últimos 22 años, es decir, ventajismo, fraude electoral, inhabilitación de dirigentes y partidos políticos, represión a la oposición, y completa opacidad en la organización de los procesos electorales, incluyendo reformas sustanciales a la Ley Electoral, y por la vía de hechos, a la Constitución Política. Está lejos pues que el régimen atienda el clamor popular por “elecciones limpias, transparentes y competitivas”, especialmente cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), canceló hace poco la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), única organización con que contaba la Coalición Nacional para enfrentar al gobierno de Ortega, integrada por cuatro movimientos y dos partidos políticos, decisión claramente ilegal y arbitraria que habría sido ordenada directamente por el presidente y por su poderosa esposa Rosario Murillo. Se trata de una coalición diversa a la cual teme Ortega, más aún cuando su régimen está acusado de ser autor de 328 muertes en la rebelión cívica de abril de 2018, casos atribuidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la represión ordenada por el gobierno.
Es evidente la orientación de la dictadura sandinista de aferrarse al poder mediante la aplanadora oficialista, pero también a través de la reforma que impuso a la Constitución en enero pasado, que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”, la cual no busca tanto castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen, o al control de las redes sociales a través de una nueva Ley de Ciberdelitos. De otra parte, la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, pena con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”; es la única ley en el mundo que castiga los aplausos. Todo ello, amén de la persecución desatada por la dictadura nicaragüense contra Cristiana Chamorro, hija de la recordada expresidente Violeta Chamorro, quien es precandidata presidencial y se le pretende inhabilitar por presunto lavado de dinero, como exdirectora de la Fundación Violeta, una organización no gubernamental que cerró operaciones para no someterse a la insólita Ley de Agentes Extranjeros promulgada por el régimen, que criminaliza donaciones y la financiación de medios de comunicación. A Chamorro se la han congelado las cuentas bancarias, y junto a ello se ha desatado una cacería de brujas contra periodistas y comunicadores sociales. Son todas ellas preocupantes amenazas a la democracia latinoamericana, que se suman a las interrogantes en Perú y a la violencia desatada en Colombia con finalidades políticas, las cuales deberían generar mucho más atención y preocupación en el mundo democrático latinoamericano y mundial.