Pedro F. Carmona Estanga

La culminación del período presidencial de Gustavo Petro deja a Colombia en medio de una de las coyunturas más delicadas y definitorias de su historia contemporánea. La administración de Petro, marcada por un discurso populista, una profunda polarización ideológica y una gestión que distó mucho de las expectativas creadas en amplios sectores de la sociedad, arriba a su término en medio de un balance controvertido. Así, pese a los escasos resultados en materia económica, de seguridad y de fortalecimiento institucional, el mandatario conserva niveles de favorabilidad superiores a los que objetivamente cabría esperar, producto de una astuta narrativa política y de una maquinaria de movilización ideológica que ha sabido capitalizar el descontento social y la fragmentación de sus adversarios.
En este contexto, el panorama electoral colombiano adquiere una importancia que trasciende las fronteras nacionales. Lo que está en juego no es únicamente la orientación futura de Colombia, sino también el equilibrio político de América Latina y, particularmente, las expectativas de transición democrática en Venezuela. Las encuestas más recientes colocan a Iván Cepeda como líder de la contienda y prácticamente seguro participante en una segunda vuelta presidencial.
Mientras tanto, los dos principales candidatos del espacio democrático y de centroderecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, avanzan divididos en una competencia que, lejos de fortalecer una alternativa al continuismo ideológico del petrismo, amenaza con fracturar definitivamente el voto opositor. Diversos sondeos muestran que ambos mantienen opciones reales de disputar la presidencia en segunda vuelta, e incluso podrían derrotar a Cepeda en determinados escenarios. Sin embargo, la persistencia de una confrontación áspera entre ambos sectores abre heridas políticas que podrían tornarse irreparables en el momento decisivo.
El riesgo de que no se produzca un respaldo mutuo entre las fuerzas democráticas en una eventual segunda vuelta equivaldría, en la práctica, a un suicidio político colectivo. Algunos pronunciamientos provenientes de dirigentes cercanos a ambos sectores, así como voces influyentes del espectro moderado colombiano, han insinuado reservas frente a un eventual apoyo recíproco. Tal escenario significaría entregar anticipadamente la presidencia a Iván Cepeda y consolidar la continuidad de un proyecto ideológico profundamente negativo para la transformación del Estado colombiano.
Pero, ¿quién es realmente Iván Cepeda? No se trata simplemente de un dirigente de izquierda convencional. Cepeda representa una corriente marxista disciplinada, doctrinaria y estructurada ideológicamente, con una visión estatista y profundamente revisionista de las instituciones colombianas. Hijo del histórico dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, su trayectoria política ha estado marcada por la defensa de tesis afines a la izquierda radical latinoamericana, así como por una posición persistentemente complaciente frente a actores insurgentes y proyectos revolucionarios de la región. A diferencia de Petro, cuya personalidad política suele estar marcada por la improvisación, el personalismo y el desorden, Cepeda proyecta una imagen de mayor coherencia doctrinaria y disciplina ideológica, lo que paradójicamente podría convertirlo en un dirigente todavía más peligroso para el equilibrio institucional colombiano.
Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella encarnan, con diferencias de estilo y matices programáticos, opciones vinculadas a la defensa de la economía de mercado, la institucionalidad republicana y la seguridad democrática. Su fortaleza reside precisamente en la posibilidad de construir una mayoría nacional frente al proyecto de izquierda radical. Pero esa posibilidad sólo será viable si logran comprender que el adversario principal no está en el espacio democrático, sino en el riesgo de consolidación de un modelo estatista y populista de largo plazo.
Para Venezuela, el eventual triunfo de Cepeda tendría implicaciones particularmente graves. La cercanía política e ideológica mantenida tanto por Petro como por Cepeda respecto al régimen venezolano resulta inocultable. La tolerancia frente a los grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, así como la actitud ambigua frente a la naturaleza autoritaria y usurpadora del régimen chavista, constituyen señales alarmantes para quienes aún aspiran a una transición democrática en Caracas. Un gobierno de Cepeda probablemente consolidaría una alianza política y estratégica con las corrientes autoritarias de la región, debilitando aún más las posibilidades de presión internacional efectiva sobre la dictadura venezolana.
El panorama tampoco sería alentador en materia de seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y estabilidad institucional. Durante el gobierno de Petro se ha consolidado una política de tolerancia y coexistencia con estructuras irregulares armadas, bajo el discurso de la llamada “paz total”, cuyos resultados han sido profundamente cuestionados. El debilitamiento progresivo de las fuerzas militares, la pérdida de autoridad territorial del Estado y el crecimiento de organizaciones criminales en numerosas regiones del país configuran un escenario de enorme fragilidad institucional.
Particular preocupación despierta además la insistencia del petrismo y de los sectores encabezados por Cepeda en impulsar un proceso constituyente. La experiencia latinoamericana demuestra que los procesos constituyentes promovidos desde proyectos revolucionarios terminan frecuentemente convirtiéndose en instrumentos para la colonización institucional, la concentración del poder y la erosión de los contrapesos democráticos. Colombia corre el riesgo de seguir una senda similar a la transitada por Venezuela, Bolivia o Nicaragua, mediante una nueva Carta Magna orientada por principios socialistas, estatistas, centralizadores y autoritarios.
La reciente reunión promovida por Pedro Sánchez en Barcelona, con la presencia de Gustavo Petro y figuras vinculadas a la izquierda iberoamericana, junto al activismo permanente de José Luis Rodríguez Zapatero, y de políticos como el expresidente Ernesto Samper Pizano, confirman la articulación estratégica de un bloque político regional que reedita, bajo nuevas formas, los objetivos históricos del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla. La batalla electoral colombiana, por tanto, no debe interpretarse únicamente como un episodio doméstico, sino como una pieza clave en la disputa geopolítica e ideológica del continente.
En esta recta final hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Colombia aún está a tiempo de reflexionar con serenidad y responsabilidad histórica. El país enfrenta una decisión que marcará su destino durante décadas. No se trata solamente de escoger entre candidatos, sino entre dos modelos profundamente distintos de sociedad, economía y democracia. De un lado, la defensa imperfecta pero indispensable de la institucionalidad republicana, la inversión y las libertades; del otro, la posibilidad de avanzar hacia un modelo de inspiración marxista, estatista y populista, cuyas consecuencias han resultado devastadoras allí donde se ha implantado.
Colombia posee todavía reservas morales, democráticas y sociales suficientes para evitar ese desenlace. Pero ello exige madurez política, desprendimiento personal y una comprensión clara de la magnitud del momento histórico. Los ciudadanos colombianos tienen en sus manos no sólo el futuro de su nación, sino una parte decisiva del futuro democrático de América Latina.