Pedro F. Carmona Estanga

El Perú vuelve a encontrarse ante una encrucijada histórica. Una nación dotada de buen potencial económico y de tradición republicana, arriba nuevamente a una elección presidencial marcada por la incertidumbre, la polarización y el cansancio ciudadano frente a una inestabilidad política que parece haberse convertido en un problema sistémico.

En menos de una década, el Perú ha visto desfilar a siete presidentes, algunos destituidos, otros obligados a renunciar o involucrados en investigaciones judiciales o crisis de gobernabilidad. La caída de Pedro Castillo, tras su intento de ruptura constitucional y posterior destitución, dejó una huella profunda en la opinión pública nacional. Desde entonces, el país ha vivido bajo una sensación de inestabilidad política que amenaza con erosionar las instituciones democráticas.

Ahora, la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio enfrenta a dos figuras con visiones diametralmente distintas sobre el futuro peruano: Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, dirigente de izquierda de la agrupación Juntos por el Perú.

La primera vuelta comicial estuvo rodeada de tensiones y cuestionamientos. El dirigente conservador Rafael López Aliaga, quien quedó fuera del balotaje por estrecho margen, denunció fraude electoral y exigió la nulidad del proceso. Sin embargo, las autoridades electorales rechazaron esas denuncias y formalizaron los resultados. El episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad institucional peruana y la desconfianza hacia los organismos electorales.

Las encuestas muestran ahora un escenario competido, aunque con cierta ventaja para Keiko Fujimori. La firma Ipsos otorga a Fujimori entre 35 y 39% frente a Roberto Sánchez, rompiendo el empate técnico que predominaba semanas atrás. No obstante, la experiencia peruana indica que nunca está dicha la última palabra, pues en comicios anteriores las diferencias finales han sido mínimas y el comportamiento del voto rural y antisistema ha resultado decisivo.

La interrogante esencial no es solamente quién ganará, sino qué modelo de país emergerá tras las elecciones. Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo, se ubica en la izquierda nacional-popular peruana, e intenta ahora presentarse como de izquierda moderada, aunque es indudable su identificación como heredero político del castillismo. Su discurso enfatiza una mayor intervención estatal en la economía, reformas constitucionales y reivindicaciones sociales orientadas hacia los sectores históricamente excluidos. Sánchez genera fuertes inquietudes por la influencia de corrientes radicales dentro de su entorno político, así como por señales ambiguas sobre el respeto irrestricto al orden institucional. El simbolismo del sombrero campesino, tan asociado a Pedro Castillo, destaca la continuidad política y emocional con una experiencia que terminó en colapso.

Por su parte, Keiko Fujimori aparece hoy como una dirigente con mayor experiencia política y madurez que en procesos anteriores. Esta es su tercera tentativa de alcanzar la presidencia, luego de sucesivas derrotas que marcaron su trayectoria política. A diferencia de campañas previas, Keiko busca proyectar una imagen más pragmática y menos confrontacional, intentando atraer sectores moderados y empresariales preocupados por la estabilidad institucional.

Sin embargo, sobre Keiko pesa inevitablemente el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuya gestión continúa dividiendo a la sociedad peruana entre quienes destacan los logros en la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso, y la estabilidad económica alcanzada en los años noventa, y quienes resaltan los excesos autoritarios ocurridos durante sus 10 años de gobierno.

En medio de la turbulencia política, la economía peruana ha demostrado una notable resiliencia. Perú continúa siendo una de las economías más dinámicas de América Latina. Según la OCDE, el crecimiento económico ha sido de los más altos de América Latina. El PIB peruano creció en promedio al 3,7% anual entre 2008 y 2024, y según el FMI, antes de la pandemia, creció cerca de 5% anual durante dos décadas, multiplicando el tamaño de su economía aproximadamente 2,5 veces.

La inflación peruana ha sido una de las más bajas de Sudamérica. Según el FMI, el promedio fue de 2,5% anual durante largos períodos, gracias entre otros a la autonomía del Banco Central. La deuda pública permanece moderada. Según el Banco Mundial, la deuda se mantuvo en torno a 30% del PIB en 2025, muy inferior al promedio regional. De otra parte, las reservas internacionales netas se sitúan en US$ 83.000 millones, cerca del 30% del PIB en 2025, muy por encima de economías como Brasil, México o Chile. El riesgo país peruano también ha sido históricamente entre los más reducidos de la región, reflejando confianza de los mercados internacionales. Aún en medio de las reiteradas crisis políticas, el sol peruano ha sido una de las monedas más estables del área.

En cuanto al sector exportador, el crecimiento ha sido notable durante la última década: las exportaciones pasaron de US$ 34.000 millones en 2015 a 75.000 millones en 2024-2025, más del doble en diez años, impulsadas por minerales, agroexportaciones, pesca y energía. Perú es hoy uno de los mayores exportadores mundiales de cobre, oro, zinc, harina de pescado, uvas, arándanos y espárragos, café, aguacates, mangos, etc. La minería continúa aportando cerca del 60% de las exportaciones totales, aunque las agroexportaciones permitieron diversificar la estructura exportadora peruana y ampliar mercados en EE.UU. Europa y Asia. Los tratados de libre comercio firmados por el Perú con diversos países facilitaron esa expansión exportadora.

En síntesis, pese a su marcada inestabilidad política reciente, el Perú logró durante décadas preservar bases macroeconómicas sólidas: disciplina fiscal, baja inflación, autonomía del Banco Central, apertura comercial y crecimiento exportador. Ello reafirma por qué es importante el resultado electoral peruano, pues en un contexto regional plagado de incertidumbres crecientes como el proceso electoral colombiano, las tensiones políticas bolivianas y la fragilidad institucional de las democracias sudamericanas, más que evidenciada en el caso venezolano, el Perú emerge como una pieza geopolítica relevante en el equilibrio andino y sudamericano.

Particular atención merece la compleja situación boliviana, donde el expresidente Evo Morales, hoy enfrentado a la justicia y convertido en peligroso factor de agitación política, continúa impulsando una campaña desestabilizadora contra el gobierno constitucional del presidente Rodrigo Paz. Lo que ocurra en Perú tiene enorme relevancia para Bolivia y toda el área andina. EE.UU., a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha expresado pleno respaldo al orden constitucional boliviano, y siguen con atención la evolución de la situación política en ese país. 

Un eventual gobierno de Keiko Fujimori significaría sin duda una orientación más favorable al mercado, mayor acercamiento a los inversionistas internacionales, y políticas de seguridad más firmes frente al crimen organizado. Por el contrario, una victoria de Roberto Sánchez abriría un escenario de mayor incertidumbre económica y posible confrontación con sectores empresariales y financieros, aunque tratara de canalizar demandas sociales acumuladas durante años.

Más que una elección presidencial normal, el Perú tiene ante sí el reto de reconstruir la confianza en sus instituciones, recuperar la gobernabilidad y evitar nuevas espirales de confrontación estéril, buscando lograr la anhelada estabilidad, paz social y una democracia sólida, con una visión de futuro basada en crecimiento económico con responsabilidad social y plena vigencia del Estado de Derecho. Más que elegir entre dos candidatos, está en juego el rumbo de un país llamado a ejercer un papel relevante en América Latina durante las próximas décadas.