Pedro F. Carmona Estanga

Al momento de redactar este artículo, las autoridades electorales de Colombia han oficializado el triunfo del candidato opositor Abelardo de la Espriella, por un margen de 250.830 votos. En menos de 72 horas del cierre de las urnas concluyó la fase de escrutinios oficiales, con diferencias de apenas 0,003% respecto al conteo realizado por la Registraduría Nacional del pasado domingo. El candidato perdedor, el izquierdista Iván Cepeda, tuvo que aceptar los resultados y reconocer a de la Espriella como el próximo presidente de Colombia, deslindándose de alguna forma de su mentor, el presidente Gustavo Petro. 

Petro admitió el resultado a regañadientes, pero indica que asumirá una oposición activa, o que liderará una resistencia pacífica al gobierno del “Tigre”. Petro no había reconocido aún el resultado de la primera vuelta, y durante la campaña desafió la legalidad con injerencias abiertas, junto a su gobierno, amén de la utilización de la influencia y recursos públicos en favor de su heredero, mientras los grupos guerrilleros y del crimen organizado coaccionaban a los habitantes en algunas regiones en las cuales tienen presencia para sumar votos en favor de Cepeda, hasta el punto de que en varios lugares, este obtuvo porcentajes superiores del 90%, indicativos de que el llamado “voto fusil” surtió su efecto. Algunos analistas consideran que, de no haber sido por la coacción, de la Espriella podría haber obtenido un margen cercano a tres millones de votos sobre su adversario. 

Al margen de estas irregularidades y de la compra de votos denunciada por la oposición, merece hacerse un reconocimiento a la eficacia, celeridad y precisión en los cómputos electorales, que han causado admiración mundial. Ahora, proclamado de la Espriella como ganador, tiene ante sí una tarea retadora y compleja. Lo primero, expresado en el discurso pronunciado como ganador, es que, superadas las heridas de la campaña, la intención sea gobernar para todos los colombianos, no asumir posturas vengativas contra sus adversarios, y dar cabida a las opiniones de quienes no votaron por él. Segundo, organizar un buen equipo de gobierno. El ganador ha enfatizado en que se rodeará de los mejores. Ya lo hizo con la selección de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, una persona recta, de alta preparación, ex rector de cuatro universidades, y exitoso ministro de Comercio y de Hacienda. De la Espriella sabe que la figura de Restrepo le sumó muchos votos, pues genera confianza, y por ello declaró que delegará en Restrepo el manejo de aspectos estratégicos de la economía y de planeación nacional. De la Espriella no ha sido corto en elogios a las condiciones profesionales y humanas de su compañero de fórmula. 

El plan de gobierno del presidente electo gira en torno a los siguientes puntos:  1. Seguridad y orden público como eje central de su propuesta. Fin de la política de «Paz Total» y de las negociaciones con grupos armados ilegales. Ofensiva militar contra guerrillas, narcotráfico y bandas criminales. Construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad e incremento del pie de fuerza de Policía y Fuerzas Militares. Endurecimiento de penas y reducción de beneficios para reincidentes. Reactivación de la fumigación aérea y erradicación de cultivos ilícitos. 2. Reducción del tamaño del Estado, con un enfoque favorable a la empresa privada. Reducción de impuestos a empresas y estímulos a la inversión. Simplificación de trámites y regulaciones. Ajuste fiscal para controlar el déficit y recuperar la estabilidad macroeconómica.3. Lucha contra la corrupción. Contratación pública con alta tecnología para garantizar la trazabilidad. Modernización de la administración tributaria mediante inteligencia artificial. Creación de mecanismos de investigación y persecución de los casos de corrupción. Mayor transparencia en el gasto público. 4. Más exploración petrolera y gasífera y uso del “fracking” bajo regulación estatal. Fortalecimiento de Ecopetrol y prioridad a la soberanía energética. 5. Política social: Formación de 200.000 cuidadoras y capacitación de mujeres en economía digital. Programas para madres cabeza de familia. Expansión del acceso a tecnología, conectividad y educación virtual. 6. Salud: supervisión estricta de las EPS. Auditorías al uso de los recursos públicos de salud. Plan de choque para mejorar el acceso a medicamentos y servicios. 7. Relaciones internacionales: Fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos. Cooperación internacional en seguridad y defensa, incluyendo a Israel. 8. Cero pactos que impliquen puestos, comisiones o actividad clientelar de partidos u organizaciones políticas. 

La tarea es inmensa, y requerirá fuerte determinación del futuro gobierno, en un país polarizado, donde la izquierda radical apelará a todas las formas de lucha para no perder espacio ni sacrificar banderas. De la Espriella recibe un país con una deuda pública cercana al 60% del PIB, un déficit fiscal persistente y una inversión extranjera debilitada respecto de los niveles históricos del sector minero-energético. Ello permite comprender por qué la recuperación económica es una de las tareas más urgentes del nuevo gobierno, y explica, ante el ambiente de deterioro económico y pérdida de oportunidades, la decisión de millones de votantes.

Más al sur, en Perú, las autoridades electorales no han proclamado aún el triunfo de Keiko Fujimori.  Las cifras, más ajustadas que en Colombia, dan adelante por 44.000 votos a Fujimori, con una tendencia irreversible. Siguiendo el mismo guion del radicalismo, Roberto Sánchez anuncia que no reconocerá el triunfo de Keiko, y solicita la anulación de los votos emitidos en el exterior, que le fueron favorables a su adversaria. Asume así una postura absurda, pues igual derecho tiene un habitante de Puno, que un peruano residente en Nueva York. A poco de la promulgación de los resultados, Keiko, quien carga con el lastre de los cuestionamientos al gobierno de su padre, centra su plan de gobierno en: 1. Economía: crecimiento con protagonismo del sector privado; defensa de la economía social de mercado, promoción de la inversión privada nacional y extranjera; apoyo a las MYPES; formalización del empleo y simplificación de trámites; reforma tributaria para simplificar el sistema y ampliar la base de contribuyentes. 2. Seguridad ciudadana: mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado; fortalecimiento de la Policía Nacional; uso intensivo de tecnología e inteligencia para combatir el crimen; endurecimiento de medidas contra la extorsión, narcotráfico y bandas criminales. 3. Salud: Fortalecimiento del sistema sanitario, ampliación de la cobertura; mayor integración de los subsistemas de salud; modernización de hospitales y centros de salud. 4. Educación: reducción de la deserción escolar; impulso a la educación técnica y tecnológica; mejora de la infraestructura educativa; énfasis en valores cívicos y formación para el empleo. 5. Estado y lucha contra la corrupción: modernización de la administración pública; simplificación burocrática y transparencia; fortalecimiento del control y fiscalización; reforma orientada a mejorar la gobernabilidad. 6. Política exterior: defensa de la democracia representativa y del Estado de derecho; relación cercana con Estados Unidos y las economías de mercado; apoyo a la integración comercial internacional; postura crítica frente a los gobiernos autoritarios en la región.

En cuanto a Bolivia, Evo Morales, prófugo de la justicia, lidera una campaña para desestabilizar al gobierno constitucional de Rodrigo Paz. El bloqueo de carreteras ha causado daños considerables a la economía y al bienestar de los ciudadanos bolivianos. El presidente Paz invocó el estado de excepción, con un uso prudente de dicho recurso, logrando hace poco el levantamiento de los bloqueos. Evo declara que se trata de un repliegue táctico, y que el objetivo es lograr la renuncia del presidente. Es el mismo guion radical que se observa en Colombia, Ecuador y Perú, con participación de movimientos indigenistas o del crimen organizado. El presidente Paz requiere del respaldo de la comunidad internacional para superar la crisis, dentro del estilo democrático que lo caracteriza. 

Finalmente, al cierre del artículo, la amada patria Venezuela ha quedado enlutada y duramente afectada por dos devastadores terremotos ocurridos en el lapso de un minuto el 24 de junio. Los daños y víctimas son inconmensurables. Mi solidaridad de corazón con los que sufren con esta nueva prueba de la naturaleza, y con los familiares de las víctimas. Dedicaré un análisis particular al país en una futura entrega. Solo adelantaré que los cambios propuestos por Estados Unidos en la agenda de tres pasos: estabilización, recuperación y transición, se han venido cumpliendo con mayor énfasis en la agenda económica y transaccional de mayor interés para Estados Unidos. Pero es claro para los inversionistas que no podrá haber recuperación sin la reinstitucionalización del país y la plena vigencia del Estado de Derecho. Son elementos centrales de la transición la plena libertad de los presos políticos, la reestructuración de los sistemas judicial y electoral, la libertad de expresión, la entrega de empresas y bienes incautados o expropiados a sus antiguos dueños, y la definición de un cronograma que conduzca a elecciones limpias a más tardar en el primer semestre del próximo año. Junto a ello, es imprescindible desmontar el aparato represivo que tanto dolor ha causado a la sociedad venezolana. El pueblo venezolano no desea tutelas prolongadas de Estados Unidos,. Solo anhela, con dignidad, su colaboración en la recuperación económica, en el restablecimiento de un régimen de libertades, y la vigencia del Estado de Derecho, lo cual implica restablecer los derechos políticos de líderes inhabilitados, y la devolución de los partidos políticos intervenidos a sus legítimas bases. De los retos económicos para la transición, resalta el especial peso de la inmensa deuda externa acumulada, que supera los 200.000 millones de dólares, la cual hace urgente su renegociación estructural, y las reformas para generar confianza a los mercados. Qué balance más complejo de estos 27 años de gobierno. 

En suma, se acentúa un viraje político en América Latina. Colombia y Perú se suman ahora a los gobiernos conservadores en Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Chile y Bolivia. El éxito o fracaso de la nueva orientación de esos gobiernos determinará no solo la estabilidad política de la región, sino la capacidad de dar respuestas efectivas a los problemas perentorios que afectan la calidad de vida de millones de latinoamericanos.