Pedro F. Carmona Estanga

No pretendo redundar en cuanto se ha escrito con posterioridad a la tragedia sufrida por Venezuela el pasado 24 de junio, tras dos potentes terremotos ocurridos simultáneamente, que representan la mayor calamidad natural de toda su historia, y ciertamente muy superior en víctimas humanas y materiales al terremoto de Caracas de 1967, y al destructivo deslave ocurrido en la misma zona del litoral central en diciembre de 1999.  

El balance oficial se acerca ya a 3.000 fallecidos y 17.000 heridos, mientras decenas de miles de personas continúan desaparecidas. Se estima que unas 250.000 personas han resultado directamente afectadas y que millares de viviendas y edificaciones públicas o privadas quedaron destruidas o severamente dañadas. Los daños materiales podrían ubicarse entre 8 y 10.000 millones de dólares —equivalentes a alrededor del 6 % del PIB venezolano—, aunque las estimaciones continúan en revisión conforme avanzan las evaluaciones técnicas.

El proceso de reconstrucción de los daños se extiende a la capital Caracas y a varios Estados de la región central del país, y será un proceso lento y oneroso. La dimensión más dramática de la tragedia no radica únicamente en el elevado e irreparable número de vidas perdidas, sino en los centenares de miles de venezolanos que han quedado sin vivienda, sin empleo o medios de subsistencia, enfrentados ahora al enorme desafío de reconstruir sus vidas virtualmente desde cero.

La generosa solidaridad internacional se hizo presente en la etapa de rescates y en la atención de la emergencia, y a ello debemos gratitud, con nobles ejemplos de países que respondieron haciendo caso omiso a consideraciones políticas o ideológicas. También es de destacar la ayuda ofrecida por instituciones y organismos multilaterales, la cual será relevante en la etapa de reconstrucción que se avecina. Desde una visión crítica, no es posible ocultar que en medio del dolor que aflige al país, ha habido personas que a manera de aves carroñeras han buscado beneficios personales, o que la canalización ineficiente de recursos sin estrategias definidas haya acarreado el desaprovechamiento del importante apoyo recibido.

Existen evidencias de que en los momentos más álgidos se interpusieron obstáculos a la ayuda internacional y a la labor de los rescatistas y de los miles de voluntarios que se aprestaron a atender el grito desesperado de ayuda de los damnificados o de sus familiares, amén del intento del interinato de capitalizar políticamente la ayuda o en el manejo de los centros de acopio. Llamó la atención que el Encargado de Negocios de Estados Unidos haya insistido en afirmar que los recursos estaban fluyendo con una normalidad no coincidente con la realidad, ello sumado al sinsabor dejado en muchos venezolanos la postura del gobierno de EEUU respecto al fallido retorno al país de María Corina Machado para sumar su liderazgo a la emergencia nacional.

Al respecto, pese a que la líder política ha expresado que no existe un distanciamiento con el gobierno de Trump, es visible que se han producido desacuerdos respecto a la oportunidad del regreso, por un aparente temor de que puedan producirse alteraciones en la agenda de las tres fases del proceso: estabilización, recuperación y transición. La pregunta pertinente ahora es si en el gobierno de EEUU está prevaleciendo el criterio de los grupos identificados con el “America First”, quienes pragmáticamente consideran que las cosas van bien de la mano del interinato, en particular en cuanto a la agenda económica, restando énfasis a las definiciones sobre la transición política.

Es importante tener en cuenta al respecto que la tragedia ha modificado de manera sustancial el contexto en el que Venezuela intentaba abrir una nueva etapa política antes del desastre. La reconstrucción física del país constituye por sí sola un desafío monumental, pero también redefine las prioridades del proceso de transición institucional. Ambos procesos —la recuperación material y la reconstrucción democrática— deberán avanzar simultáneamente si se pretende evitar que la emergencia termine generando malestar social, o postergando la normalización política.

La historia demuestra que las naciones no solo se reconstruyen con cemento, acero y recursos financieros. También requieren instituciones confiables, seguridad jurídica, transparencia administrativa y estabilidad política. Sin esos pilares, la mayor ayuda internacional o las nuevas inversiones requeridas corren el riesgo de diferirse o malgastarse.

Los cambios ocurridos a seis meses de la salida de Maduro han sido parciales, teniendo ahora como prueba fundamental la voluntad del interinato de emprender reformas claves como la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, y la liberación de los presos políticos que permanecen encarcelados. Solo así se definirá el camino hacia la transición, con un cronograma que sea capaz de generar confianza para captar los cuantiosos requerimientos de inversión que el país exige. A esas necesidades estructurales se agregan ahora las derivadas de la reconstrucción tras la tragedia natural, y a la renegociación de la inmensa deuda externa, estimada en unos US$ 240.000 millones, todo ello bajo un contexto que supone la reimplantación plena del Estado de Derecho.  

Es así como, ante el vencimiento el pasado 3 de julio de los 180 días previstos por la Constitución para declarar la falta absoluta del presidente de la República y convocar a elecciones, ha cobrado fuerza un debate constitucional de especial relevancia. El oficialismo insiste en que Nicolás Maduro fue objeto de un secuestro, y que por tanto no es aplicable la declaratoria de falta absoluta, ni la obligación de convocar a elecciones. Otra corriente de opinión plantea que, dado el complejo entorno prevaleciente, y la corresponsabilidad del interinato en la gestión de los 27 años del régimen en el poder, sería del caso que la conducción de la transición esté a cargo de una Junta de Gobierno representativa, y que a ella corresponda la preparación del camino hacia un proceso electoral justo, limpio y con garantías en el plazo más breve posible, en el cual podrían participar como candidatos no solo María Corina Machado, sino cualquier aspirante, incluido el oficialismo. Ha sido destacable el liderazgo asumido en este planteamiento por la ex Magistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol León junto a otras personalidades, cuya viabilidad está por definirse.

Cualquiera que sea la fórmula para orientar el esfuerzo de recuperación frente a la emergencia y a la exigencia de grandes sectores de la población venezolana de avanzar hacia la reinstitucionalización del país, estos deben considerarse como procesos que deben marchar en paralelo y no en forma secuencial. Un país desgarrado y adolorido como el venezolano, espera que las cicatrices de la tragedia y del cuestionado legado del pasado político inmediato, abran paso hacia una transición pacífica y segura, sin prevalencia de intereses económicos foráneos, ni de la intención del interinato de ganar tiempo para permanecer en el poder con base en concesiones o cambios parciales o cosméticos. La liberación plena de los presos políticos es un paso impostergable, pues no hay justificación para prolongar su prisión, como lo es el restablecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la participación política, como elementos consustanciales a la transición.

En suma, la combinación de retos y desafíos que enfrenta la nación venezolana en el momento actual es tan relevante, que exige un firme compromiso de unidad no solo en las toldas opositoras, sino a nivel nacional, inspirándose en experiencias históricas de logros alcanzados con acuerdos políticos plurales en temas fundamentales.

La historia juzgará a esta generación no solo por la forma en que respondió a la mayor tragedia natural de la Venezuela contemporánea, sino también por su capacidad para convertir ese inmenso dolor en el punto de partida de la reconstrucción moral, institucional y económica de la República.