Pedro F. Carmona Estanga

Nicaragua, el país más pobre y extenso de Centroamérica, vive desde hace décadas sometido a un régimen autoritario, convertido hoy en una de las tiranías más cerradas del continente, bajo el liderazgo de la pareja presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo. Sorprende la relativa indiferencia de parte de la comunidad internacional frente a uno de los casos más graves de destrucción del Estado de Derecho en América Latina.

Daniel Ortega, el sandinista de 80 años que gobernó inicialmente al país entre 1985 y 1990, retomó el poder en 2007 después de ser derrotado en 1990 por Violeta Chamorro de Barrios. La presidenta Chamorro pudo culminar su mandato con muchas dificultades económicas, pues el gobierno sandinista había dejado al país en la bancarrota, hasta el punto de que el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez tuvo que otorgar un apoyo de US$ 17 millones al naciente gobierno, para cubrir incluso la seguridad presidencial de la presidenta, que era inexistente. Ese apoyo del gobierno venezolano, aunque aprobado en Consejo de Ministros, le costó a la postre el cargo a Carlos Andrés en 1993 tras un cuestionado juicio que le ha significado un alto costo político a la Venezuela contemporánea. 

Tras el gobierno de Doña Violeta, fue elegido presidente José Arnoldo Alemán para el período 1997- 2002, quien terminó luego condenado por graves casos de corrupción, amén de haber pactado componendas políticas que abrieron el camino a la reelección de Daniel Ortega en 2007.  

El régimen encabezado por Ortega ha consolidado a lo largo de las últimas décadas un control absoluto de los poderes públicos, los cuales respaldan sin miramientos las atrabiliarias ejecutorias del régimen. En 2021, año en que debían celebrarse elecciones presidenciales, Ortega encarceló a siete de los precandidatos y a varias decenas de líderes opositores, comunicadores sociales y representantes de la sociedad civil, acusándolos de presunto lavado de dinero, traición a la patria y terrorismo. Fue así como no pudieron inscribir sus candidaturas Cristina Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Curz, Félix Madariaga, Miguel Mora, Medardo Mairena o Noel Vidaurre. 

Ortega fue reelecto sin oposición en esos comicios con un 75% de los votos, con el decisivo respaldo de su poderosa y cuestionada cónyuge Rosario Murillo desde la función de vicepresidente de la República. Más tarde, tras la modificación constitucional de 2025, Murillo fue elevada a la categoría de copresidenta, con iguales poderes y facultades que su marido. Dicha decisión respondió a realidades fácticas sobre el ejercicio del poder, y a la edad avanzada de Ortega. 

Ambos personajes gobiernan con mano de hierro, persiguiendo de manera implacable a la disidencia política, a la Iglesia Católica, y a quien se interponga en su visión absolutista y perpetuadora, y borrando todo vestigio de apego al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a la libertad religiosa. La pareja gobernante podría alegar que el absolutismo que los caracteriza ha sido avalado por legisladores y juristas, quienes le han dado un barniz de legalidad, como ocurrió en la Alemania nazi, donde los famosos “juristas del horror” otorgaron basamento legal a Hitler, y luego se escudaron en la teoría del deber cumplido.No obstante, es sabido que existe un límite que ningún artificio jurídico puede borrar: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y generan responsabilidadespenales individuales. 

Varias decenas de opositores arrestados marcharon luego al exilio, les confiscaron bienes y los privaron de su nacionalidad, en violación a elementales derechos constitucionales y humanos. Se trata de una política de privación sistemática de la nacionalidad a disidentes, que ni siquiera los regímenes cubano y venezolano han aplicado,aunque en el caso venezolano ha habido negación de documentos de identidad a opositores. Varios países europeos y americanos han acogido al exilio nicaragüense con generosidad, dotándole de ciudadanía o documentos de viaje, para aliviar la terrible condición de apátridas. 

El régimen sandinista ha expulsado además a sacerdotes y religiosos, y más de una vez ha arrestado al Obispo Emérito de Managua, Juan Abelardo Mata, de 80 años, una de las voces más firmes de la Iglesia Católica en Nicaragua, la más reciente por el hecho de haber celebrado una misa en la que pidió por los religiosos nicaragüenses exiliados. El Obispo fue luego y enviado a su residencia ante la presión internacional, pero se mantienen prohibidas las expresiones religiosas públicas. 

Con anterioridad, el régimen condenó a 26 años de prisión al Obispo Rolando Álvarez, quien hoy vive exiliado y desnacionalizado. Así mismo, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, desterró a 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal Carlos Herrera. Numerosas obras y órdenes religiosas han sufrido cierres, incautación de bienes o limitaciones en sus tareas pastorales. Las relaciones entre el Vaticano y el régimen están por ello suspendidas desde marzo de 2023, cuando el Papa Francisco calificó al Gobierno de Nicaragua como “una grosera dictadura”. No solo la Iglesia Católica ha sufrido persecución, sino las ONG, asociaciones civiles, medios de comunicación, colegios y universidades, varios de loss cuales han sido cerrados.

La tragedia de Nicaragua consiste precisamente en que un movimiento nacido para derrotar a una dictadura terminó profundizando las prácticas de represión, corrupción y violación de derechos humanos de la dinastía somocista,fundada por Anastasio Somoza García en 1937, la cual permaneció en el poder hasta el triunfo de la revolución sandinista en 1979. Como se recordará, Somoza García ejerció el poder entre 1937 y 1956, fue sucedido por su hijo Luis Somoza Debayle entre 1957 y 1963, y este por Anastasio Somoza Debayle de 1967 a 1979.

Pues bien, el hecho es que el reprobable somocismo ha quedado eclipsado ante las atrocidades cometidas por el sandinismo orteguista. En efecto, quienes llegaron bajo banderas revolucionarias, prometiendo terminar una dictadura han terminado construyendo una tiranía más cruel y permanente. Lo mismo ha ocurrido, con sus particularidades, en los casos de la revolución castrista cubana y de la revolución chavista o bolivariana en Venezuela. 

Como si fuera poco, Daniel Ortega acaba de anunciarabiertamente y sin caretas, que no habrá nunca más elecciones en Nicaragua. Ya en el pasado Fidel Castro había planteado a Ortega que las revoluciones no se miden en elecciones y que, si se miden, debe ser con las seguridadesde que no perderán. El régimen nicaragüense recibió durante años un amplio apoyo de parte del gobierno de Chávez y Maduro, con petróleo concesional y recursos financieros, en medio de mucha opacidad y corruptelas. También ha recibido apoyo chino, ruso y cubano, incluyendo en lo militar la presencia ocasional de la flota rusa en puertos y aeropuertos nicaragüenses. Así, Cuba, Venezuela y Nicaragua, el denominado “eje del mal”, han articulado buena parte de su cooperación política e ideológica en instancias como el ALBA y el Foro de Sao Paulo. 

Es hora de que las fuerzas democráticas del mundo enfrenten de manera más decidida a esa ignominiosa tiranía. SI bien Nicaragua no es un país rico en recursos naturales como lo es Venezuela, el pueblo nicaragüense necesita apoyo para el rescate de la libertad y que, más temprano que tarde, los tiranos Ortega-Murillo rindan cuentas de sus ejecutorias ante la justicia internacional. Augusto César Sandino, héroe nacional y revolucionario nicaragüense, quien encabezó la resistencia contra la ocupación estadounidense y fue ejecutado en 1934 por la Guardia Nacional manejada por Somoza, debe estar revolviéndose en su tumba ante las atrocidades que día a día cometen quienes en forma falaz enarbolan sus banderas.