Pedro F. Carmona Estanga

Una frontera que dejó de ser frontera

Venezuela y Colombia comparten una extensa frontera de 2.219 kilómetros, que compromete al Estado Zulia con los departamentos de La Guajira y César; al Estado Táchira con el departamento del Norte de Santander; al Estado Apure con el departamento de Arauca, y al Estado Amazonas con los departamentos de Vichada y Guainía. La zona de influencia fronteriza involucra aproximadamente 4,5 millones de habitantes, que conviven más allá de una línea divisoria entre dos Estados, en un espacio transfronterizo donde confluyen población, comercio, migración, economías legales e ilegales, grupos armados y redes del narcotráfico, favorecidos por la debilidad o ausencia del Estado.

La frontera capturada por grupos ilegales

La presencia de grupos irregulares en la zona fronteriza ha sido muy activa, dados los poderosos intereses que se mueven en un espacio que abarca ciudades, corredores económicos, migración, economías legales e ilegales y zonas bajo control de los grupos armados. Ha sido frecuente la connivencia de estamentos oficiales con las bandas criminales, con lo cual las zonas de frontera se han convertido en una zona gris, que clama por el restablecimiento de un mayor control y legalidad.  

Los antecedentes de la relación entre el régimen venezolano y los grupos irregulares colombianos son de vieja data. Durante el gobierno de Hugo Chávez fueron manifiestas las buenas relaciones sostenidas con las FARC y el ELN, hasta el punto de que se atribuía al Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Relaciones Interiores y ex gobernador del Estado Guárico, el papel de enlace del gobierno con las FARC. Hubo momentos de apoyo político y financiero de Chávez a las FARC, hecho que motivó en su momento la renuncia de uno de sus más cercanos compañeros, el comandante Jesús Urdaneta Hernández, al cargo de director de la policía política, DISIP.

Numerosas investigaciones sobre los alcances de la actividad criminal en la frontera colombo-venezolana concluyen en la existencia de una economía paralela estructurada en el amplio corredor fronterizo binacional, bajo un marco de ilegalidad. No solo está vinculada a ilícitos económicos, cambiarios, de comercio ilegal, de extorsión a agentes económicos a ambos lados de la frontera, sino a la acción de grupos armados que ejercen control territorial, delicada situación que exige prontas medidas correctivas.

La debilidad de los Estados

Un caso relevante es la zona del Catatumbo, donde durante años no ha existido control del Estado colombiano, con proyección hacia el sur del Lago de Maracaibo. La actividad tolerada por Venezuela del ELN y las disidencias de las FARC en la zona Apure-Arauca, permite que desde territorio venezolano se planifiquen actividades armadas que afectan a Colombia, se utilizan pistas de aterrizaje para la exportación de cocaína, como también las bandas colombianas ejercen influencia en zonas de Venezuela, y realizan minería ilegal en el Arco Minero de Guayana. Son apenas ejemplos de la dimensión del problema, causante de inestabilidad político-territorial a ambos lados de la frontera. 

El centralismo que predomina en ambos países no ha contribuido a atacar de manera coherente la realidad en la frontera binacional, pese a que el corredor colombo-venezolano es el más activo del continente, y configura un territorio permeable y altamente vinculado, con sus problemas y contradicciones. En los hechos, el crimen transnacional ha convertido a la amplia frontera binacional en una zona gris, difusa y permeable.

La oportunidad ante un nuevo escenario político

La llegada de un nuevo gobierno en Colombia, con un firme propósito de combatir la delincuencia, la guerrilla y el crimen organizado, y la posibilidad de un futuro cambio político en Venezuela, ofrecerían una oportunidad histórica para enfrentar coordinadamente un problema de tan profundo impacto sobre la seguridad de ambos países, y de Estados Unidos, cuya administración asigna tan alta prioridad a la lucha contra el narcotráfico.

Las estrategias desplegadas por el gobierno de Donald Trump en Venezuela desde enero de 2026, el bombardeo a lanchas cocaleras en el Caribe y el Pacífico, y el apoyo estadounidense al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella con actividades militares conjuntas contra el narcotráfico, no se han visto aún reflejadas en la disminución de la criminalidad en las zonas de frontera. Así, después de ocho meses de la extracción de Nicolás Maduro, y de los cambios parciales ocurridos en el gobierno interino de Venezuela, los grupos irregulares en la zona siguen actuando con la misma intensidad, salvo el caso especial de la baja ocasionada en junio de 2026 al líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero, en el Estado Bolívar de Venezuela.  

En julio de 2025, Nicolás Maduro y Gustavo Petro firmaron un memorándum de entendimiento para crear una zona de paz, unión y desarrollo binacional (zona económica especial binacional) en la frontera, el cual fue calificado de histórico y estratégico por la entonces vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. El objetivo era crear una zona de desarrollo compartido entre los estados Zulia y Táchira del lado venezolano y el Departamento del Norte de Santander en Colombia. La zona del Catatumbo era un objetivo clave, por ser precisamente un punto focal de las actividades guerrilleras y de los carteles de la droga. Detrás del concepto de una zona binacional podía ocultarse la intención de favorecer la actuación de grupos criminales, asociados entre otros al tristemente famoso Cartel de los Soles. La Corte Constitucional de Colombia no aprobó dicho acuerdo, alegando que debía sufrir el mismo trámite previsto para los tratados internacionales, es decir, la aprobación por el Congreso de la República y el posterior control de constitucionalidad por parte de la Corte.

Otra cosa habría sido promover el desarrollo binacional de proyectos concretos como las que en su momento se intentaron desde la Comunidad Andina con las Zonas de Integración Fronterizas (ZIF), concebidas no solo para la dinámica región limítrofe colombo-venezolana, sino en otros países como la frontera colombo-ecuatoriana, la peruano-ecuatoriana y la peruano-boliviana. Lamentablemente, la equívoca decisión del gobierno de Chávez de denunciar el Acuerdo de Cartagena en 2006, y el debilitamiento posterior del proceso, paralizó tales iniciativas.

En el momento actual, los cambios de orientación política y un mayor compromiso de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la lucha contra la violencia y el narcotráfico podrían encontrar un aliado clave en un futuro gobierno democrático en Venezuela, en la lucha contra los grupos criminales que operan en la subregión andina, los cuales constituyen una amenaza a la paz y estabilidad no solo de los países andinos, sino de todo el Continente. Será esa, por tanto, una alta prioridad para un futuro gobierno constitucional en Venezuela emanado de la voluntad popular, siempre en coordinación con la vecina Colombia.

Se requiere sin duda una alta dosis de voluntad política en ambos países, que no ha existido. Por el contrario, la inoperancia o tolerancia de las fuerzas de seguridad durante el régimen chavista y en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, han llevado a la multiplicación de las actividades ilícitas y de la producción y tráfico de cocaína. A futuro será necesario restablecer la cooperación militar y de inteligencia a nivel bilateral, y reactivar las comisiones fronterizas, que antes abordaban positivamente temas sensibles como la seguridad, la masificación de hitos limítrofes, y los problemas de las cuencas hidrográficas, entre otros.

La incorporación de capitales del narcotráfico al tejido económico en Colombia y en Venezuela, constituye el centro de la economía ilegal en las zonas de frontera. Las estimaciones del lavado de dólares lo ubican en montos que para algunas fuentes superarían los US$ 10.000 millones por año. En cuanto a las movilizaciones regulares de personas en la frontera binacional, solo en el período enero-marzo de 2026 habrían llegado a 11 millones entre ingresos a Colombia y retornos a Venezuela, con un promedio de 58.000 movimientos diarios en ambos sentidos.

Qué hacer

La prioridad de la relación bilateral para un futuro gobierno democrático en Venezuela es fundamental. No solo en el tema de seguridad, sino en las relaciones económicas bilaterales. En el corto plazo, siendo estratégica para Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico por consideraciones de seguridad nacional sería del caso que apoyara la salida del territorio venezolano de las bandas criminales colombianas, tantas veces protegidas en Venezuela, y que el gobierno de la Espriella, con la determinación que demuestra, pueda combatirlos en territorio colombiano.

Es de esperar que la lucha más intensa del nuevo gobierno de Colombia contra el crimen organizado no genere un mayor desplazamiento de las estructuras armadas hacia Venezuela, por el conocido “efecto globo”. Una Colombia que controle mejor su territorio podría terminar expulsando a grupos violentos hacia una Venezuela débil, si ambos países no actúan coordinadamente. Es imprescindible por ello profundizar la cooperación bilateral, y que la ayuda militar de Estados Unidos a ambos países ponga el foco en la dura realidad fronteriza, sin desmedro de diseñar estrategias positivas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos de frontera. En suma, no se puede recuperar la frontera solamente con operaciones militares. Es necesario restablecer la presencia del Estado y multiplicar las oportunidades económicas y sociales en la zona.