Pedro F. Carmona Estanga

Las declaraciones emanadas de la Casa Blanca, indicando que Venezuela no estaría preparada para una elección presidencial con un cronograma definido, han generado comprensible desazón en sectores mayoritarios de la población venezolana, y desconcierto al nivel internacional.

Desde el pasado 3 de enero, fecha de la extracción de Nicolás Maduro, han ocurrido avances parciales en la agenda de tres pasos planteada por Estados Unidos, y está en marcha el esquema de negociación concebido en ese país entre las fuerzas parlamentarias de la oposición y del gobierno, cuya segunda ronda está próxima a iniciarse.

Se han logrado además acuerdos, aunque polémicos, en materia petrolera, pero el tercer componente de la agenda, el de la transición política, sigue desfasado, sin atender a las aspiraciones más sentidas del pueblo venezolano.

Una cosa es reconocer que para que haya elecciones limpias, justas y con garantías se requiere un nuevo Tribunal Supremo de Justicia no político, y un Consejo Nacional Electoral que opere como árbitro independiente, y otra cosa es afirmar que Venezuela no estaría aún preparada para la realización de elecciones, las cuales deben ser en primer término presidenciales, o en su defecto presidenciales y legislativas, y solo posteriormente las de carácter regional.

Cierto es que es necesaria la depuración y actualización del Registro Electoral Permanente (REP), lleno de vacíos, entre otros los relativos a permitir la inclusión de los venezolanos en el exterior y de cientos de miles de jóvenes que no han podido acceder al mismo, y ello puede tomar algunos meses.

Pero más importante aún, bajo un nuevo CNE, será corregir los mecanismos ocultos que han permitido las manipulaciones electrónicas y fraudes electorales en los procesos realizados desde 1999 hasta la fecha.

Los casos más notorios de irregularidades electorales han sido los de la integración de la Asamblea Constituyente en 1999; el referéndum revocatorio al mandato de Chávez en 2004; el fraude en el triunfo de Henrique Capriles en la elección de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez en 2013; el desconocimiento de la elección de la Asamblea Nacional en 2015 en la cual la oposición consiguió las dos terceras partes; y el caso más prominente, el fraude del 28 de julio de 2024, ganado abrumadoramente por Edmundo González Urrutia con el apoyo de María Corina Machado y su movimiento político.

En esa oportunidad la oposición demostró que, contra todos los obstáculos y ventajismos del régimen, del CNE y del TSJ, las actas cuyos originales se conservan en el Banco Central de Panamá evidenciaron el triunfo de González Urrutia en una proporción de entre el 67 y 70%. Así fue como, aun con las reglas del juego existentes triunfó la oposición, y no obstante ello, el oficialismo se mantuvo aferrado al poder. No se trata de esperar a que exista un sistema electoral perfecto, sino de asegurar las condiciones esenciales que permitan unas elecciones libres, transparentes y confiables, que se realicen a más tardar en 2027.

Es un clamor en el país que la transición no se prolongue, so pena de generar un riesgoso clima de malestar. Ante ello, un soterrado juego de intereses en Washington y Caracas intenta mantener los comicios en una zona gris, y hasta se comenta que en círculos del gobierno estadounidense hay partidarios de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez pudiera prolongarse hasta el año 2031, es decir, hasta el término del sexenio atribuido a Nicolás Maduro. Siendo claro que, si Maduro no tuvo legitimidad de origen en 2025, tampoco la tienen la Asamblea Nacional o la presidenta interina, quienes ejercen de esa manera un poder de facto, contando con el aval de Estados Unidos.

Y aun si Maduro tuviese una base legítima, pasados los plazos de 90 y 180 días previstos en los artículos 233 y 234 de la Constitución, la Asamblea Nacional debería haber declarado su falta absoluta, y convocar a elecciones dentro de los 30 días siguientes. Se ha generado así un limbo jurídico por las vías de hecho, que debería corregirse con un cronograma cierto, a partir del cual se aceleren las reformas institucionales y logísticas requeridas por el sistema electoral.

En paralelo, es necesario avanzar hacia la rehabilitación de los partidos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones que pesan sobre algunos dirigentes políticos, el retorno de líderes en el exilio, y restablecer la libertad de expresión, indispensable para la transparencia de cualquier proceso electoral. Amplios sectores de la opinión en Venezuela coinciden en que no habrá transición sin la liberación de los 328 presos políticos que según el Foro Penal permanecen en las cárceles al 31 de agosto, y el levantamiento de las medidas cautelares que afectan a muchos de los que han sido excarcelados.

Lo planteado no requiere de reformas legales ni constitucionales, sino órdenes ejecutivas basadas en la voluntad política del régimen. Asimismo, cientos de medios de prensa, radiodifusoras, medios televisivos y canales digitales que se encuentran incautados, bloqueados o censurados deben comenzar a operar libremente o ser restituidos a sus legítimos propietarios según sea el caso, como una señal de voluntad de avance hacia una verdadera reinstitucionalización con garantías políticas.

En cuanto a Estados Unidos, más allá de una visión centrada en intereses económicos inmediatos, resultaría más conveniente que Venezuela cuente en corto plazo con un gobierno emanado de la voluntad popular, que sería el garante de la seguridad jurídica de los acuerdos que se alcancen, especialmente de los suscritos recientemente en materia petrolera, los cuales pueden resultar vulnerables, y han generado no pocos cuestionamientos.

En otro orden de ideas, al seguir la gira del Secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú, países aliados de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, la violencia y el narcotráfico, se evidencia que la presencia activa en Venezuela de cabecillas del ELN, las disidencias de las FARC y del crimen organizado atenta contra el éxito del esquema de cooperación bilateral anunciado con Colombia. Se hace por tanto necesario que Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos, haga parte del esfuerzo para alejar o combatir a los irregulares en el territorio nacional, y ello solo será posible con un nuevo gobierno, comprometido con una causa vital para la región y el Continente.

En conclusión, luce impostergable la definición de un cronograma electoral que no exceda de mediados del año 2027, no 2028 como lo asomó con ironía Diosdado Cabello, ni mucho menos 2031 como algunos integrantes del lobby oficialista y washingtoniano lo han dejado entrever.  No basta con que voceros del gobierno estadounidense o del régimen afirmen que habrá elecciones en el momento adecuado, sino definir una fecha, a partir de la cual se alineará la agenda de preparación y de cambios requeridos, con la mira puesta en dichos comicios.

Finalmente, está en el interés de Estados Unidos la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela, y que no se erosione la credibilidad de la población en su liderazgo, como lo comienzan a revelar recientes encuestas de opinión. Hay que desestimar la consigna de que el regreso de María Corina Machado podría entorpecer la estrategia diseñada por Estados Unidos. María Corina sería por el contrario una garantía de una relación bilateral fructífera, sobre bases de mutua conveniencia. Como cualquier dirigente democrático, ella debe contar con el pleno derecho a un pronto regreso, y participar con libertad en el escenario político venezolano. Y al contrario de lo que algunos piensan en el entorno de la Casa Blanca, un cambio político en Venezuela constituirá la mejor garantía para que las relaciones entre los dos países transiten sobre bases sólidas, con visión de largo plazo.

Nada sería peor que, ante una eventual intransigencia de Estados Unidos, se alienten en Venezuela sentimientos adversos, aún en quienes creen que conviene una sólida alianza, y que están convencidos de que Venezuela necesita tanto de Estados Unidos como Estados Unidos necesita de Venezuela, ello bajo un marco de respeto a la dignidad y soberanía de ambas naciones.