Pedro F. Carmona Estanga
La primera vuelta electoral en Brasil ha dejado muchas sorpresas. Contrariamente a lo pronosticado por las encuestadoras, Flavio Bolsonaro y el Partido Liberal obtuvieron un claro triunfo ante Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT), aspirante por cuarta vez a ocupar la presidencia de la nación. Las cifras arrojaron 47,03% de votos por Bolsonaro y 45,16% por Lula, por lo cual ambos deberán medirse en una segunda vuelta el próximo domingo 25 de octubre.
Más allá de la ventaja numérica obtenida por Bolsonaro, fue contundente la mayoría lograda a nivel parlamentario y de gobernaciones. Bolsonaro ganó en los estados del centro y sur, los de mayor peso nacional, en tanto que Lula ganó en el nordeste del Brasil, que ha sido tradicionalmente menos desarrollado y bastión de la izquierda política. Los estados más importantes desde el punto de vista económico y poblacional aseguraron el triunfo de Bolsonaro, entre otros Sao Paulo con 52%, Río Grande do Sul 55,6%, Santa Catarina 66,7%, Río de Janeiro 53%, Minas Gerais 48,2%, el DF 51,3%, y Mato Grosso 65,2%.
El Partido Liberal logró mayoría en el Congreso, tanto en diputados como senadores, y conquistó en primera vuelta gobernaciones clave como el estado de Sao Paulo, el más poblado y rico del país, donde el bolsonarista Tarcisio de Freitas fue reelegido con el 62,65% de los votos. Llama también la atención que el ex juez anticorrupción Sérgio Moro, quien presidió el proceso judicial que terminó con la condena y prisión de Lula, fue elegido gobernador del estado de Paraná.
La segunda vuelta, a realizarse el próximo 25 de octubre, será sin duda reñida. Algunos analistas consideran que Bolsonaro puede beneficiarse de la transfusión de votos de los candidatos perdedores en la primera vuelta, que son en su mayoría de ideología conservadora. Lula parece haber perdido la ventaja que registraba antes de los comicios, en un contexto marcado por el desgaste en el ejercicio del gobierno, la inseguridad y el fortalecimiento de la oposición en el Congreso, sin desestimar el efecto de su avanzada edad.
Los dos candidatos muestran visiones encontradas sobre la política brasileña. Lula es de inclinación estatista y partidario de aumentar el gasto público para atender las necesidades de la población. Bolsonaro plantea la reducción de la presencia del Estado, la privatización de empresas públicas, y una política de mano dura contra la violencia y el crimen organizado, al estilo de Bukele o de la Espriella. El tema de la corrupción ronda de manera general en el entorno de la política brasileña.
Si se consolida el triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta, se estaría reafirmando la tendencia hacia la derecha política en Latinoamérica, excepción hecha de México, Cuba, Nicaragua y, por ahora, Venezuela. Uruguay es diferente, pues el Frente Amplio, con Yamandú Orsi como gobernante, y antes con Tabaré Vásquez y Pepe Mujica, han representado una izquierda responsable y democrática, que no adversa a la iniciativa privada.
La sorpresa política del momento es la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, tras la prolongada crisis planteada por los casos de corrupción en su entorno, y el reciente rechazo del Congreso a los decretos presentados en materia de vivienda, dado el voto negativo del Partido Popular (PP), Vox y Junts, este último parte de la coalición de gobierno. Las elecciones se realizarán el próximo 29 de noviembre, vislumbrándose una dura campaña, en que aflorarán fuertes imputaciones entre la izquierda y la derecha.
Las encuestas realizadas hasta el día de hoy muestran que el bloque de derecha representado por el PP y Vox obtendría la mayoría suficiente para formar gobierno. Pero ello exige un acuerdo programático entre el PP y Vox, que hasta ahora se ha visto lejano, y que ambos sean capaces de desplegar una campaña capaz de neutralizar la narrativa de la izquierda, de que ambos representan una visión retrógrada, frente al mensaje del autodenominado sector “progresista”.
En mi opinión, Sánchez no convoca simplemente porque esté obligado por las circunstancias, o por sentirse urgido por el ambiente político que ha exigido “elecciones ya”, sino que, en un astuto cálculo, percibe que 2027, año normal de elecciones, podría resultarle menos favorable que la celebración de elecciones inmediatas, ya que intentará capitalizar en favor del PSOE la reacción popular a los votos del PP y Vox a los dos reales decretos-ley en el Congreso sobre el sensible tema de la vivienda y los desahucios, los cuales han generado masivas manifestaciones en toda España. Las próximas semanas van a ser “de coger palco”, dada la intensidad del debate político, aunque los resultados solo los sabremos el 29N. Que todo sea para el bien de España, un país de tan hondos nexos con América Latina, y cuarta economía de la Unión Europea. En contra del gobierno juegan el serio tema de la corrupción, la crisis general de la vivienda, no resuelta, y el desborde del tema migratorio, especialmente en el caso de CEUTA y Canarias, con gran repercusión a nivel nacional.
Brasil y España muestran, cada uno con sus particularidades, la vitalidad de los procesos electorales y de la competencia política.
¿Y Venezuela qué? El país continúa enfrentado al desafío de recuperar condiciones institucionales que hagan posibles elecciones libres, justas y con garantías. Así, avanzan lentamente las labores de la comisión negociadora interparlamentaria para designar a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral. No se ha resuelto plenamente la liberación de los presos políticos, aunque ha habido avances; se han producido negociaciones y acuerdos polémicos en materia petrolera entre EEUU y el gobierno interino, pero no ha sido posible definir aún un cronograma electoral con miras a elecciones limpias y justas durante el año 2027.
Donald Trump insiste en exaltar la buena relación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien afirma que trabaja maravillosamente, a la vez que expresa que no están dadas aún las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, tema que considera aún “verde”, como tampoco ha favorecido el retorno al país de la líder opositora María Corina Machado, quien ha debido enfrentar numerosas barreras para su regreso. La narrativa de que la vuelta al país de María Corina perturbaría el camino que EEUU transita con el gobierno interino, no es sino una excusa, pues por el contrario, el advenimiento de un gobierno surgido de la voluntad popular sería el mejor escenario para la reinstitucionalización del país, y para la generación de confianza exigida por las enormes sumas de inversión que requerirá el proceso de reconstrucción nacional.
Por su parte, María Corina Machado no puede esperar indefinidamente una “luz verde” de Washington para retornar al país. Aunque evitando una ruptura con la administración Trump, tendrá que regresar al país, sí o sí, antes de fines de año. De lo contrario, caería en la estrategia de los lobbies que apuestan a su desinflamiento. EEUU debería comprender que la transición representa el mejor escenario para la recuperación y la estabilización, y no a la inversa. Ojalá que pronto se defina una fecha para los comicios que la mayoría del país apoya, sobre lo cual algunos líderes, como el Senador republicano Bernie Moreno, proponen que se realicen el 24 de julio de 2027, fecha del natalicio del Libertador Bolívar, y en ningún caso más allá del año 2027, como otros pretenden.
Interesantes momentos políticos se avecinan, en los cuales las fuerzas democráticas y libertarias deben prevalecer, en atención al anhelo y voluntad de los pueblos, en quienes reside la soberanía de las naciones. Que así sea.
