Pedro F. Carmona Estanga

En tiempos en que tanto se debate sobre el debilitamiento de las democracias en el mundo, y el auge de las autocracias, sin pretender incursionar en el terreno de los estudiosos de la filosofía política, es oportuno verter algunas reflexiones sobre los orígenes e implicaciones de ese fenómeno.

Se atribuye a Winston Churchill la célebre frase pronunciada ante el Parlamento en 1947: “Se ha dicho que la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de los demás que se han probado”. Fue una defensa realista de la democracia por parte de un hombre que vivió de cerca los totalitarismos del siglo XX, los cuales llevaron al mundo a la tragedia de dos guerras mundiales en menos de medio siglo. Célebre es también su mensaje al país en mayo de 1940: “No tengo nada que ofrecer, salvo sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”.

Occidente, representado principalmente por Estados Unidos y Europa, asumió luego el papel de servir de bastión de la democracia, cuyos orígenes se inspiran en la Grecia clásica, aunque durante siglos prevalecieron formas autoritarias de gobierno, principalmente a través de monarquías absolutistas. En Estados Unidos nació la primera democracia constitucional moderna a fines del siglo XVIII. En la Europa de los siglos XIX y XX, fue Inglaterra la partera del parlamentarismo moderno, dando una contribución importante a la democratización en el resto de Europa, y en Francia a raíz del pensamiento político surgido en la Revolución Francesa.

Los principios medulares sobre los cuales descansa la democracia han sido la soberanía popular, delegada en representantes que ejercen la autoridad en nombre del pueblo, la independencia de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, y algo fundamental: principios y valores democráticos, entre ellos el bien común, la libertad, y el respeto a la dignidad humana.

La democracia es el sistema capaz de garantizar esos valores. No basta con el derecho al voto: la legitimidad de origen debe corresponderse con la legitimidad en el ejercicio del poder. La crisis actual de la democracia en el mundo parece obedecer por una parte a una crisis de liderazgo, y a los efectos nocivos de la guerra cultural imperante, asociada al relativismo y al posmodernismo, la corrupción, concentración de poder, y la pérdida de valores éticos y espirituales, que van erosionando una premisa incontrovertible: que sin valores y principios, no hay democracia duradera.

América Latina ha sufrido durante décadas largas dictaduras, entre ellas la de Trujillo en República Dominicana; Duvalier en Haití; la familia Somoza en Nicaragua; Gómez y Pérez Jiménez en Venezuela; Stroessner en Paraguay; Odría y Velasco Alvarado en el Perú; Batista y Castro en Cuba; Castelo Branco en Brasil; Pinochet en Chile; Noriega en Panamá; Videla en Argentina, y Ortega en Nicaragua. Algunos de esos regímenes contaron con el apoyo de Estados Unidos, bajo las banderas de la guerra fría, teniendo como contraparte al eje soviético, cubano y chino. 

Ha sido una historia de autoritarismos que han dejado un balance de privaciones, atraso y sufrimientos a sus pueblos, y de movimientos pendulares en cuanto a orientaciones políticas, influidas por la debilidad de los valores democráticos, y la tentación de gobernantes mesiánicos que buscan perpetuarse en el poder, vulnerando la voluntad popular y la dignidad de los pueblos.

Con todo, en etapas como la de los años ochenta y noventa, privó en la región una tendencia democratizadora, como también en el presente lustro, en que solo destacan las autocracias en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con esperanzas de un viraje en Venezuela. En el caso de Europa Oriental, Asía y África, es interminable el número de regímenes dictatoriales que han transcurrido a lo largo de la historia contemporánea, en unos casos impuestos por intereses foráneos, en otros por la ausencia de una cultura democrática, como se evidenció en el fracaso de la llamada Primavera Árabe. La excepción podría ser la India, donde tras su independencia en 1947, ha tenido continuidad la mayor democracia parlamentaria mayor del mundo, con sus 1.480 millones de habitantes. 

Venezuela vivió largos períodos dictatoriales a lo largo del siglo XX, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y otros accidentados episodios políticos, pero durante cuarenta años logró una consolidación democrática entre 1958 y 1998, convirtiendo al país en un ejemplo de estabilidad política, solo alterada por los intentos de ruptura del régimen constitucional liderados por Hugo Chávez en 1992, quien finalmente llegó al poder por medios democráticos en 1999, para luego vulnerar la democracia desde adentro.

Paradójicamente, al asumir el poder, Chávez promovió una Asamblea Constituyente que dio a luz a una nueva Carta Magna en diciembre de 1999, la cual consagró principios clave que definen a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, cuyos valores superiores son la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. También reafirmó que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que los órganos del Estado emanan de la voluntad popular y a ella están sometidos, declarando que el gobierno de la República será por siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, pluralista y de mandatos revocables.

La Constitución de 1999 reafirma, además, el derecho a la vida, a la libertad personal como un derecho inviolable, la prohibición de la desaparición forzada de personas, el derecho pleno a la integridad personal, la prohibición de torturas y tratos crueles, la libre expresión del pensamiento, la libertad de conciencia, el derecho a manifestar, a la participación política, y la obligación de los jueces de asegurar la integridad de la Constitución.

De allí que la Carta Magna venezolana sea inobjetable en cuanto a derechos humanos y políticos, pero en los 27 años de vigencia, mientras Chávez la exhibía como la mejor Constitución del mundo, sus principios fueron quedando en letra muerta, pues su esencia ha sido violada en forma sistemática, llevando al país a una autocracia en la cual han germinado la corrupción, la concentración del poder, la conculcación de los derechos humanos, y el debilitamiento institucional, incluyendo el poder judicial, y el carácter de la Fuerza Armada Nacional.

Venezuela vive ahora una oportunidad histórica, en la cual podría reencontrarse la senda de la libertad y del progreso, si se cumple la agenda tutelada por Estados Unidos, no solo la estabilización y recuperación económica, sino la transición política de una manera pronta, sincera y efectiva.

Pese a las dudas existentes, y a que hay muchos aspectos en los cuales no ha habido cambios relevantes, como el desmonte del sistema represivo, la mesa interparlamentaria constituida entre oposición y gobierno puede cumplir un papel importante en la construcción de los primeros pasos hacia la reinstitucionalización del país, a través de la reforma del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de un Consejo Nacional Electoral que funja como árbitro independiente para garantizar el ejercicio de la voluntad popular, y en la fijación de un cronograma electoral que permita elecciones presidenciales y legislativas justas y con garantías políticas plenas, no más allá del año 2027.

Es imprescindible que más allá de los intereses económicos de Estados Unidos, antes de fines del año se hayan renovado los mencionados órganos, y se rescate el clima de libertades para el ejercicio político de los líderes, partidos o movimientos de opinión, y la libre expresión en los medios de comunicación. Ese intento no se logrará sin la libertad plena de los presos políticos, o si se obstaculiza el retorno al país de líderes fundamentales, como María Corina Machado.

Hago énfasis en Venezuela, no por tratarse de mi país natal, sino por conformar un caso emblemático en el cual el camino democrático se ha extraviado a lo largo de casi tres décadas, y porque su proyección internacional tiene indudable relevancia económica y geopolítica.

En suma, hay que perseverar en la lucha por el rescate de los valores democráticos en América Latina, para convertir a la región en un bastión en la defensa de la libertad y los derechos humanos, evitando que las tendencias autoritarias o populistas de izquierda o de derecha se inclinen hacia los radicalismos. Y es que la incapacidad de los gobiernos para cumplir con promesas populistas, encuentra en la desesperanza un terreno abonado a tendencias autoritarias de un signo o de otro.

Hay que estar conscientes de que las posibilidades de impulsar el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos estarán siempre condicionadas al respeto al Estado de Derecho y al ofrecimiento de seguridad jurídica a la actividad económica y la inversión, sin abusos, sobresaltos o arbitrariedades, desviaciones que estarán más resguardadas bajo sistemas democráticos, que ofrezcan un marco de libertades, respeto, perfectibilidad y alternancia.