BOLÍVAR: UN SUEÑO INCONCLUSO DE LIBERTAD E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Discurso de Pedro F. Carmona Estanga, pronunciado ante la Sociedad Bolivariana de Colombia, el día 20 de agosto de 2020.

Agradezco a la Sociedad Bolivariana de Colombia, a la cual me siento honrado en pertenecer como socio honorario, a su presidente Miguel Santamaría Dávila y demás académicos, por la amable invitación que me han hecho para dirigir unas palabras sobre un tema caro a mis afectos, como lo es el pensamiento del Libertador Simón Bolívar sobre libertad e integración, y sobre cómo se encuentra hoy Venezuela, la amada patria natal, a 237 años de su fallecimiento.

Debo comenzar confesando que no soy historiador, sino un profesional de la Economía, orientado especialmente a las relaciones económicas internacionales, empresariales y académicas, aunque profundo admirador del Libertador, y un convencido de la causa de la unidad latinoamericana, a la cual he dedicado genuinos esfuerzos a lo largo de mi vida. Sabrán dispensar, por tanto, cualquier limitación en la cual pueda incurrir en mi intervención, tratándose este de un calificado auditorio.

Inevitable remontarnos a la célebre “Carta de Jamaica” de 1815, en la cual Bolívar plasmó sus primeras ideas sobre integración continental. En ella se recoge la iniciativa del Libertador para la formación de una federación de 17 naciones americanas. Fue allí donde propuso la unión de la Nueva Granada y Venezuela en una gran nación que se llamaría Colombia, en homenaje al descubridor de América. Dos años más tarde, tras vencer a Morillo en Calabozo en febrero de 1817, y de ser derrotado ese mismo año en el sitio de La Puerta, Bolívar se dirige a Angostura, hoy Ciudad Bolívar, desde donde convoca al Congreso de las provincias liberadas, la cual se reunió en junio de 1818 bajo la dirección del neogranadino Francisco Antonio Zea y del venezolano Juan Germán Roscio. Ante dicho Congreso, Bolívar expone lo mejor de su pensamiento político y organizativo para Venezuela, y formaliza el propósito de reunir a Venezuela y la Nueva Granada en un gran Estado. El Congreso nombró a Bolívar presidente de la República y Jefe Militar, y como vicepresidente a Zea, hecho que evidenciaba la fraternidad entre dos pueblos, sin distinción de nacionalidades. 

En octubre de 1821, el Congreso Constituyente de Cúcuta sanciona la Constitución que dio vida a ese magno proyecto. Bolívar asume la presidencia de Colombia, jurando defender “con mis bienes, con mi sangre, y aún con mi honor, esta Constitución, que encierra los derechos de dos pueblos hermanos, ligados por la libertad, por el bien y por la gloria”, proclamando: “por ella marcharé a las extremidades de Colombia, a romper las cadenas de los hijos del Ecuador, a convidarlos con Colombia, después de hacerlos libres”. Allí deja ver uno de sus desvelos, el Sur, no solo Ecuador, sino Perú, para intentar formar la patria grande, y como garantía de la soberanía de la nueva Colombia, concepto claramente contrapuesto a la instalación de feudos caudillistas locales, que terminaron por dar al traste con su preclara visión integradora.

En la Carta de Jamaica, el Libertador acariciaba un sueño, al expresar: “Que bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el de Corinto fue para los griegos”, agregando: “Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las demás naciones del mundo”.  El Congreso Anfictiónico de Panamá fue su natural consecuencia, y por ello, en 1822 el Libertador emprendió la iniciativa de invitar a los gobiernos de México, Perú, Chile, Centroamérica y Buenos Aires, para formar, junto con Colombia, una confederación o asamblea, que “sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados públicos y de conciliador de nuestras diferencias”. No era la idea de un gobierno unitario, sino de una confederación de naciones, expresión de la solidaridad y de unidad política del continente, hacia un porvenir de independencia, paz, igualdad y justicia, que incluía la idea de unas fuerzas armadas de mar y tierra, al servicio de la Confederación.

Sin subestimar las ideas precursoras de Miranda, fue Bolívar el líder con una visión más clara sobre el tema, pese a las dificultades que confrontó la consolidación de su proyecto más caro: el de la Gran Colombia. La mayor importancia de la obra del Libertador reside en que no se limitó a asegurar la independencia de lo que hoy son seis países, sino a crear las condiciones para que América Latina pudiese actuar como una región autónoma, integrada y no fraccionada en los pequeños intereses locales en que terminó, y sin contrapesos ante la potencia que ya en ese entonces se veía emerger: los Estados Unidos de América. Así, la convocatoria hecha por el Libertador en 1824 al Congreso Anfictiónico fue la pieza maestra para intentar la formación de una Confederación de los Estados que se habían independizado de España, bajo una visión más solidaria e integrada.

Tomás Polanco en su obra Simón Bolívar, resalta la comunicación del Libertador a O`Higgins en 1821, en la cual le expresa que se había logrado expulsar a los opresores, pero “falta poner el fundamento del pacto social que debe formar de este mundo una Nación de Repúblicas”.  Y propuso la asociación de Chile, Buenos Aires, Perú, Colombia y México, que sería asombro para Europa e irresistible por estar guiada por la antorcha de la libertad y sumisa a la ley. Para Bolívar “los estados americanos serían naciones independientes, ligadas por una ley común que fijase sus relaciones externas; habría un congreso o reunión permanente de sus representantes, el orden interno sería materia propia de cada estado; ninguno sería ni más débil ni más fuerte respecto a los demás; existiría entre ellos un perfecto equilibrio; todos ayudarían al que sufra algún ataque, no se admitirían diferencias por origen o color y se alcanzaría la reforma social bajo los auspicios de la libertad y la paz”. 

De La Espriella, en su obra “Ideas Políticas de Bolívar”, afirma que había razones de orden político interno y de tipo internacional para insistir en la necesidad de hacer de Hispanoamérica un mundo nuevo, políticamente solidario y universalmente respetado, puesto que despertaba a la independencia sin saber cómo recorrer el camino de la libertad. Para el autor, “en el corazón mismo de nuestros países, los gérmenes de la indisciplina y el desorden, la ambición regional y personal, acosaban a diario la posibilidad política de nuestra existencia, y Bolívar lo sabía muy bien”.   

Andrés Townsend, en su libro “La Nación de Repúblicas: proyecto latinoamericano de Bolívar”, resalta la concepción supranacional de Bolívar y lo considera el primer teórico de las integraciones continentales, que se yergue por encima de fronteras y distancias, como quedó consagrado en la carta dirigida al Director Supremo del Río de la Plata Juan Martín de Pueyrredón en 1818: “Una sola debe ser la Patria de todos los americanos”. El pacto americano es en Bolívar una idea fuerza, permanente, pacto que “formando de todas nuestras Repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas”.

Octavio Arizmendi en su libro “Las tres propuestas de integración de Bolívar y otros temas bolivarianos” considera que, si la propuesta de Bolívar al Congreso Anfictiónico hubiera triunfado, hoy tendríamos al lado de los Estados Unidos de América, que lo es precisamente como resultado de la integración de grandes espacios geopolíticos, a una segunda potencia americana, que serían los Estados Unidos de Latinoamérica. Para Arizmendi, ante el fracaso de dicha iniciativa, si al menos se hubiese logrado constituir la Confederación de los Andes, otra iniciativa que acarició Bolívar más allá de la Gran Colombia, seríamos los Estados Unidos de Los Andes, una potencia media que iría desde las bocas del Orinoco hasta el desierto de Atacama, bajo una forma federal. En la mente de Bolívar existió pues siempre una “cantera” de proyectos de integración, con lo cual se adelantaba en siglos a las escasa realidades que con posterioridad ha tenido la integración regional.   

El Congreso Anfictiónico se desarrolló en Panamá entre el 22 de junio y el 25 de julio de 1826, con la participación de plenipotenciarios de Colombia, América Central, Perú y México y el observador de la Corona británica, y de él surgieron dos tratados: el de la Unión de Liga y Confederación Perpetuas entre Colombia, Perú, Chile y México, uno de Amistad y Alianza Defensiva con Buenos Aires, y más tarde uno con la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Al final, Buenos Aires, Bolivia y Chile designaron representantes al Congreso, pero no asistieron a la cita.

Liévano Aguirre afirma en su obra “Bolívar”, que la resistencia que confrontó el proyecto del Libertador y que lo limitaría en forma considerable, fue la negativa de algunos a establecer la libertad de comercio entre los países americanos, y la oposición de los delegados del Perú a consagrar los principios democráticos y republicanos. Hubo además desconfianza de Argentina por el predominio de Colombia, timidez en las decisiones del Congreso Anfictiónico, sesgos hacia los temas de la alianza defensiva y al final, prevalecieron realidades desintegradoras, prevenciones y celos de líderes locales, que no permitieron que prosperara ese visionario proyecto, tanto que ni siquiera esos dos Tratados fueron ratificados. Pero el Congreso Anfictiónico puso de manifiesto, no solo la grandeza de las miras del Libertador, sino principios que mantienen vigencia en nuestra América. Fue, según Polanco, otra utopía de Bolívar, cuya vitalidad sólo podría verse años más tarde.

Para Liévano, el año 1826 tiene un carácter decisivo en la obra de Bolívar, porque “en ellos se configura la naturaleza de las resistencias en los pueblos americanos frente a las grandes directrices de su pensamiento político”. Los pueblos americanos debían escoger entre acompañar a Bolívar en su proclama: “Para nosotros la patria es América”, o seguir a Páez, para quien Venezuela era su “patriecita”; a Santander que sólo pensaba en la Nueva Granada; a Gamarra y La Mar que buscaban una oportunidad para consolidar un imperio feudal en el Perú; a Rivadavia, cuya ambición era el predominio de la oligarquía de Buenos Aires sobre el pueblo argentino, y “a tantos otros que, con ambiciones y talentos más limitados, esperaban ansiosamente una provincia cualquiera, para, en medio de tambores y músicas marciales, ser llamados benefactores del pueblo y elegidos presidentes de un estado soberano”.

Alberto Bermúdez, en su “Nueva Visión de la Historia de Colombia”, afirma que la Gran Colombia se debilitó por la visión centralista prevaleciente en Santafé, y por el papel de algunos líderes provinciales como Santander en Cundinamarca, Páez en Venezuela y Juan José Flores, Gobernador de Quito por nombramiento hecho por el Libertador. Para Bermúdez, en la disolución de la Gran Colombia fue determinante el manejo equívoco del Congreso de Colombia frente a Páez, cuando en 1826 dictó en Venezuela órdenes de reclutamiento para la milicia, que fueron calificadas por Bogotá como contrarias a derecho, y llevadas a debate en el Congreso, el cual incurrió en el error de suspenderlo como Comandante General de Venezuela, ordenándole presentarse en Bogotá. Páez tuvo la intención de cumplir dicha orden, pero fue disuadido por sus partidarios, quienes creían que sería arrestado. Así, Páez se declaró en rebeldía hacia Santa Fe con el apoyo de varias municipalidades, episodio que, pese a los esfuerzos de Bolívar haciéndose presente en la Nueva Granada y en Venezuela en 1826, marcó el distanciamiento entre ambas naciones, y entre Bolívar y Páez, no obstante que lo restableció en el mando. Así se inició el desmembramiento de la Gran Colombia, mientras en Guayaquil, el intendente Cipriano de Mosquera daba por fenecida la Constitución de Cúcuta de 1821.

Se llega así a 1827, año de convocatoria a una Convención de Diputados de las provincias de Colombia, instalada en la ciudad de Ocaña en abril de 1828, con el encargo de reformar la Constitución de Cúcuta y reorganizar la República de Colombia. Santander se hizo presente en la con personas allegadas, mientras Bolívar seguía los acontecimientos desde Bucaramanga, donde se radicó durante las sesiones de la Convención. Al instalarse el Congreso se formaron dos grupos, uno mayoritario, liderado por Santander, del cual emanaron recriminaciones contra Bolívar, y uno bolivariano, más autónomo. Bolívar pidió en mensaje a la Convención poner fin a la anarquía que destruía a la nación, derivada entre otros de una maraña de leyes confusas y contradictorias, proponiendo un gobierno “firme, poderoso y justo” que respondiera al clamor general. Pero ello fue interpretado por sus adversarios como el deseo de implantar un gobierno absolutista. Los Diputados por Caracas propusieron el establecimiento de un sistema federal, lo cual habría salvado a la Gran Colombia, pero esa iniciativa fue rechazada por mayoría en la Convención.

Las diferencias de visión llevaron a los partidarios de Bolívar a romper el quórum y a emitir un manifiesto que significó a la disolución de la Convención el 16 de junio de 1828. La situación de la República era frágil ante las amenazas de las fuerzas españolas acantonadas en Cuba y la invasión de las provincias del sur por parte del ejército peruano. Por ello, tras el fracaso de la Convención, una junta popular reunida en Bogotá pidió al Libertador que se encargara del mando supremo de la República con plenitud de facultades, hasta que se convocara a la representación nacional en 1830. El Acta fue aprobada por el Consejo de Gobierno, Bolívar fue recibido en Santa Fe por las autoridades y por una multitud, convencida de que, ante los inminentes peligros, el Acta representaba una necesidad imperiosa. Bolívar expidió el 27 de agosto de 1828 un Decreto-Ley Constitucional que dejaba sin efecto la Constitución de 1821, con validez hasta 1830, y asumió poderes dictatoriales, pero preservando las garantías y derechos individuales, y creando un Consejo de Estado integrado por respetables personalidades.

Los adversarios de Bolívar arreciaron los ataques contra el Decreto, y poco tiempo después, el 25 de septiembre de 1828, un grupo de conjurados ejecutó un artero ataque contra el palacio donde dormía el Libertador con la intención de asesinarlo, quien se dispuso a hacerles frente, pero minutos antes de que derribaran la puerta fue persuadido por Manuelita de saltar por un balcón y refugiarse bajo un puente.  Los autores del atentado huyeron, provocando la ira del pueblo, que se congregó al día siguiente a pedir la muerte de los criminales. Bolívar creó un tribunal especial para juzgar a los culpables, el cual sentenció a muerte a varios de ellos, incluyendo a Santander, pero el Bolívar magnánimo les conmutó la pena por prisión o expatriaciones. 

Durante el año 1829 ocurrieron otros hechos de importancia: la batalla de Tarqui, en la cual Flores y Sucre vencieron a las tropas peruanas comandadas por La Mar y Gamarra, quienes pretendían invadir el sur de Colombia. Fue importante la firma del Tratado de Paz de la Gran Colombia con el Perú; la recuperación de Guayaquil por parte de Bolívar, impidiendo las pretensiones de La Mar de anexarlo al Perú; la derrota a la rebelión de Córdoba en Antioquia; y el rechazo de Bolívar al proyecto promovido por personalidades de Bogotá para establecer una monarquía constitucional.   

En Caracas, Páez convocó el 25 de noviembre de 1829 a una asamblea popular en la cual se dio lectura a una carta del Libertador, que fue interpretada como un intento para frenar la separación de Venezuela de la Gran Colombia, alegándose que en Bogotá se promovía una monarquía constitucional. Dicha asamblea expidió el Acta de Caracas, respaldada por varios municipios, la cual declaró a Venezuela separada del gobierno de Bogotá, desconoció la autoridad del Libertador, y encargó a Páez el mando de la República, convocando a un Congreso de las Provincias.

Se llega así el año 1830, cargado de nuevos hechos históricos, en el cual debía reunirse el Congreso Constituyente convocado por Bolívar en 1828, tras el fracaso de la Convención de Ocaña. El Libertador se esforzaba en salvar su más caro proyecto, el de la Gran Colombia, pero otros eran los designios de la historia, determinados por los disensos reinantes. De los líderes de aquel momento, sólo Sucre, una de las más lúcidas estrellas y el de mayores méritos para suceder a Bolívar, estaba convencido de la necesidad de preservar la Gran Colombia, y quizás por ello fue vilmente asesinado en 1830 en la selva de Berruecos. Recuérdese el papel de Sucre, Diputado por Quito y presidente del Congreso Constituyente instalado por el Libertador en Bogotá en enero de 1830, y sus denodados esfuerzos en pro de la unidad y de la salvación de la Gran Colombia. 

Páez nombró Gabinete en enero de 1830, y en mayo de ese año, el Congreso, reunido en Valencia, lo posesionó como presidente de Venezuela. Inútiles fueron las gestiones de Bogotá, pues se llegó a plantear la declaratoria de Bolívar fuera de la ley si iba a Venezuela, y se impidió la entrada al país de una embajada encabezada por Sucre, que solo pudo parlamentar con Comisionados del Gobierno de Venezuela en la Villa del Rosario de Cúcuta.  Éstos exigían como condición para conversar que se les reconociese el carácter de enviados del Estado de Venezuela y el derecho del país a darse su propia organización política.

Rafael Castellanos, en su libro “La dimensión internacional del Gran Mariscal de Ayacucho”, relata que Sucre temía que una federación de los tres Estados condujera a la división, pero en vista de la posición asumida por Venezuela en la misión encabezada por Mariño, de que: “Siendo general el desagrado contra la Administración que ha tenido Colombia hasta el día, se acuerde que la Nueva Granada y Quito, así como Venezuela, puedan organizarse libremente”, Sucre propuso que “la forma central de gobierno quedara modificada por la federal en todo aquello que pueda ser favorable a los pueblos, evitándose lo que se considera impracticable o peligroso para la unidad de Colombia”. Así trató Sucre de salvar la unidad, agregando una propuesta de renovación de cuadros, según la cual se limitaría a los altos jefes militares la posibilidad de ocupar altas posiciones en la República de Colombia durante cuatro años. Pero como los Representantes de Venezuela exigían el previo reconocimiento del Estado venezolano, no fue posible debatir el asunto, ni se permitió a la Comisión viajar a Caracas para plantear esos temas en el Congreso próximo a reunirse.

De esa forma concluyeron sin resultados las reuniones de la Villa del Rosario de abril de 1830, tras lo cual, en septiembre de ese año, un Congreso Constituyente formalizó en Valencia la Constitución de la nueva República de Venezuela, hecho que llenó a Bolívar de decepción. El camino de Venezuela fue imitado por Quito en mayo de 1830, con la creación del “Estado Libre e Independiente del Ecuador”, auspiciado por el General Flores, quien asumió el mando del nuevo Estado, mientras en Bogotá la corriente santanderista avalaba con determinación la disolución de la Gran Colombia. Prevalecieron pues intereses caudillistas, que dieron al traste con ese magno proyecto.

La Constitución de 1830 dejó abierta la posibilidad de la reincorporación de Venezuela a Colombia, opción que fue desestimada por el Congreso Constituyente de Venezuela reunido en Valencia, poniendo como condición para el manejo de los temas de interés común “el mutuo reconocimiento de los Estados y la expulsión de Bolívar del territorio de Colombia”. Así, Bolívar, víctima de viles ataques y humillaciones, aunque recibió el homenaje del gobierno y de los pueblos que recorría, partió de Santa Fe rumbo a Cartagena el 8 de mayo de 1830, por la larga ruta del Magdalena, con la intención de continuar hacia Europa. Ya en Cartagena, Bolívar pospuso su viaje al viejo continente, y allí recibió la noticia del asesinato de Sucre, hecho que lo sumió en el más profundo dolor y minó más su delicado estado de salud. En Cartagena conoció los partes sobre la afrenta del Congreso de Venezuela, así como la decisión de liberar a los presos políticos, entre ellos a varios autores del atentado septembrino. Durante la permanencia de Bolívar en Cartagena, asumió la presidencia provisional el General venezolano Rafael Urdaneta, quien envió una delegación a ofrecerle que asumiera la presidencia, pero el Libertador no la aceptó, por apego al Estado de Derecho, como reconocimiento al gobierno de Mosquera, y por sentirse cansado, enfermo y decepcionado.

De Cartagena, Bolívar pasó a Santa Marta, donde se alojó en diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en las afueras de la ciudad. Allí, agravado su estado de salud y sumido en la tristeza, expiró el 17 de diciembre, tras haber hecho testamento, recibir los auxilios espirituales y dictar su última proclama.  Con la muerte del Libertador se cerró un capítulo único e incomparable de la historia de América, y con ella, y el vil asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, concluyó el sueño de hacer de Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador una sola nación.

Bolívar pasó a la eternidad, pero Colombia no sobrevivió a su creador. Santander, Páez y Flores, dice José Luis Salcedo, encabezando viejos nacionalismos resucitados, “se regocijaron con las partes del ansiado botín que a cada uno correspondió”, o como agrega Polanco: la “utopía” de crear Colombia fue para Bolívar por mucho tiempo una obsesión, pues la concebía como una necesidad política y militar, so pena de enfrentar graves consecuencias geopolíticas. Efectivamente, si bien las tres nacientes naciones no corrieron con posterioridad riesgos sobre su independencia, disuelta la Gran Colombia, los países separados se vieron sumidos en guerras intestinas, caudillismos, violencia y fracturas políticas, cuyas secuelas se proyectan hasta el presente. 

Los tres nuevos Estados asumieron su organización política: la República de Venezuela en 1830, con Páez como presidente, la República del Ecuador en ese mismo año con Flores a la cabeza, y el Estado de la Nueva Granada en 1831, con Caicedo y luego Obando como primeros presidentes, tras el gobierno interino del venezolano Rafael Urdaneta en 1830. Al asumir Obando la presidencia, uno de sus primeros decretos reflejó el afán de persecución contra Urdaneta y los afectos al Libertador, al autorizar a “expeler del territorio de la Nueva Granada a aquellos individuos que por su influencia y su conducta anterior den motivos de temer que turben el orden público o ataquen la seguridad del Estado, y muy particularmente a los que no hayan nacido en el territorio de Colombia”,  borrando además de la lista militar a todos los oficiales “que hayan cooperado con el sostenimiento del gobierno intruso de Rafael Urdaneta”  Así fueron proscritos de la Nueva Granada muchos héroes de la independencia. La Constitución de 1832 dio estructura a la República de la Nueva Granada, y se designó al General Santander como presidente, del cual se posesionó en octubre de ese año.

En Venezuela, Páez ejerció la presidencia durante los primeros cuatro años, sin reelección, según lo estableció la Constitución de 1830, en una difícil gestión, pues el país estaba devastado por la guerra. Para el segundo período fue electo presidente José María Vargas, honorable ciudadano, ex Rector de la Universidad Central de Venezuela. Rafael Caldera relata cómo ese “virtuoso y sabio ciudadano” debió enfrentar el primer tropezón de la historia constitucional, con la llamada Revolución de Reformas motorizada por Pedro Carujo “el septembrino”, Santiago Mariño y los hermanos Monagas, lo cual condujo al derrocamiento de Vargas y a que Páez tomara las armas para restituirlo en el cargo. Pero Vargas renunció irrevocablemente al poco tiempo y fue sustituido por el General Carlos Soublette, “hombre prudente e institucionalista”, al decir de Caldera. Luego vino un segundo período de Páez, que fue considerado como el más positivo del siglo XIX.

Siguieron tiempos difíciles para ambos países: revoluciones, violencia y caudillismo cuando se necesitaba paz, afectando el camino del progreso y la estabilidad republicana, y con guerras intestinas originadas en la confrontación entre federalismo y centralismo, interpretadas por corrientes conservadoras y liberales que emergieron con fuerza en ambas naciones. Ellas tuvieron como expresión en Venezuela la Guerra de la Federación (1859-1863), la más larga y costosa sufrida por el país desde la independencia, y en Colombia el dominio del llamado romanticismo radical en épocas del general Mosquera, a partir de lo cual el radicalismo se apoderó de la dirección política y económica del país durante buena parte del siglo XIX.

Según Liévano Aguirre, en Colombia las diferencias conceptuales y de poder surgidas entre los dos partidos fueron causantes de la Guerra Civil de 1885 y la Guerra de los Mil Días (1899-1902), amén de otros episodios de carácter interpartidista ocurridos a lo largo de la historia republicana de Colombia. Rafael Núñez, quien gobernó al país durante cuatro períodos entre los años 1880 y 1894, emergió como el organizador del Estado colombiano moderno, gracias a la Constitución de 1886, y a su esfuerzo para alejar del poder al radicalismo liberal, el cual sembró “anarquía y destrucción en el país”, al decir de Liévano. Más tarde, el Frente Nacional (1958-1978), se constituyó como un instrumento necesario para detener la lucha fratricida en la Colombia del siglo XX.

En Venezuela, tras décadas de dictaduras como la de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y la de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), a la caída de este último se suscribió el Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos (AD, Copei y URD), para sentar las bases de restablecimiento de la institucionalidad democrática.  A lo largo de 40 años, de 1959 a 1999, se sucedieron ocho gobiernos constitucionales, durante los cuales las Fuerzas Armadas venezolanas se subordinaron al poder civil y actuaron como un cuerpo profesional, bajo el liderazgo inicial de Rómulo Betancourt y los principios de la Constitución de 1961, aprobada mediante consenso político. Con todo, durante la administración Betancourt ocurrieron intentos de desestabilización, promovidos por grupos militares y civiles de extrema izquierda, identificados con el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y con Cuba, formando una lucha guerrillera que fue derrotada militarmente y luego pacificada a finales de los años 60. Treinta años después, el comandante Hugo Chávez Frías, quien había formado una logia militar, insurgió contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en 1992, bajo una orientación revolucionaria y de izquierda.

Con el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en 1998, después de beneficiarse en 1994 del sobreseimiento de la causa concedida por el presidente Caldera, se abrieron de nuevo las venas del país con la profunda fractura política hasta hoy prevaleciente, en virtud de la entronización de un proyecto autocrático, en una estrecha alianza con el proceso revolucionario cubano, cuyos líderes se han tomado al país. Así, el caudillismo que se creía extinguido en Venezuela tras 40 años de sólida democracia, tiene una nueva expresión en el régimen instalado por Chávez, figura emergida del seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, en otro complejo capítulo de la turbulenta historia republicana de Venezuela, y a partir de 2013, del sucesor Nicolás Maduro, quien ha profundizado la destrucción institucional, política, económica y social del país.

Pero, antes de adentrarnos en el presente, cabe recordar que en el marco del espíritu panamericanista que prevaleció en los años cuarenta, y animada por los resultados de la Conferencia Panamericana de Bogotá de abril de 1948, de la cual surgió la Organización de Estados Americanos, emergió también la iniciativa de rescate del ideal grancolombiano, que había quedado sepultado con la muerte de Bolívar y de Sucre en 1830. En los Cuadernos Hispanoamericanos, Nuestro Tiempo de 1948, se reseña la Carta de Quito y la Conferencia Económica Grancolombiana, las cuales tuvieron como antecedente el Congreso Bolivariano de 1910, celebrado con ocasión de los cien años de la gesta independentista. Antes, en 1947, se había creado la Flota Mercante Grancolombiana, como un ejemplo de cooperación trilateral en temas relacionados con el transporte marítimo. En la Conferencia Económica Grancolombiana, celebrada en Quito entre julio y agosto de 1948, se definió como propósito la creación de una Unión Económica y Aduanera entre Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y otros ambiciosos proyectos. Según lo recoge la mencionada publicación, se contemplaban iniciativas como la creación de un Instituto Grancolombiano de Reaseguros, un Banco Grancolombiano, una Flota Aérea Civil Grancolombiana, un Instituto Grancolombiano de Investigaciones Científicas y Técnicas, una Editorial Grancolombiana, la unificación de los sistemas de Seguro Social y de la legislación sobre patentes y marcas, y facilidades para transportes y libertad de tránsito. La Comisión Preparatoria llegó a votar favorablemente el proyecto de la Unión Aduanera, con un período de transición de cinco años para perfeccionarla, y un régimen transitorio de libre comercio entre las cuatro naciones involucradas.

No obstante, una iniciativa de tanto alcance enfrentó dificultades para su aprobación en la Conferencia de Quito, de una parte, por la indecisión de Panamá de ligarse a la Unión Aduanera, dadas las particularidades de su economía, y por las dificultades expresadas por el gobierno de Venezuela ante las realidades de una economía predominantemente petrolera. En suma, las complejas deliberaciones de la Conferencia de Quito no permitieron llegar a acuerdos, razón por la cual, al suscribirse la Carta de Quito, el 9 de agosto de 1948, se decidió que la Unión Económica y Aduanera quedaba en estado de proyecto, acordándose sí crear una Organización Económica Grancolombiana que tuviera a su cargo establecer la Unión en forma progresiva.

Se había previsto celebrar una segunda reunión en 1949 para avanzar en la agenda pendiente, pero los acontecimientos políticos ocurridos en los países impidieron su materialización. En efecto, en noviembre de 1948 ocurrió en Venezuela el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Rómulo Gallegos a tan solo nueve meses de su posesión, lo cual abrió camino a una Junta Militar (1948-1952) y a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Por su parte, en abril de 1948 ocurrió el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, causante del tristemente célebre “bogotazo”, y de una inusitada violencia política interna que se prolongó hasta la formación del Frente Nacional. De las iniciativas comentadas solo prevaleció la Flota Mercante Grancolombiana hasta 1953, en que Venezuela decidió su retiro durante el gobierno perezjimenista.

Con posterioridad, fue solo a raíz de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, de integración subregional andina en 1969, y de la incorporación de Venezuela en 1973, que surgió un nuevo marco para impulsar las relaciones económicas y comerciales, no solo entre Colombia y Venezuela, sino entre los cinco países independizados por la espada del Libertador: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  Desde ese momento, el proceso andino se constituyó en el pivote del desarrollo de una fructífera relación económica andina y bilateral colombo-venezolana, la cual habría sido imposible, con la dimensión y profundidad con que se dio, de no haber sido por el conjunto de reglas multilaterales ofrecidas por el Acuerdo de Cartagena, y por la voluntad política imperante. 

Para desgracia de la integración andina, después de importantes logros, entre ellos que Colombia y Venezuela hubiesen logrado no solo el libre comercio pleno, sino la formación de una Unión Aduanera, en abril de 2006, Hugo Chávez decidió la denuncia del Acuerdo de Cartagena, colocando en crisis al proceso de integración andino, ya que Colombia y Venezuela eran el eje principal del proceso, con un intercambio que llegó a significar en 2018 los 7.500 millones de dólares en las dos vías. En efecto, a partir de 1992, el intercambio en el Grupo Andino inició su mejor etapa de desarrollo y diversificación, gracias a la eliminación de las barreras al comercio y a la adopción de un Arancel Externo Común. Así, en 1970, el comercio subregional andino era de solo US$ 111 millones, y evolucionó hasta un máximo de US$ 10.000 millones en 2006, año de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela. Lo más importante fue no solo el valor cuantitativo del comercio, sino su composición cualitativa, ya que las manufacturas pasaron de representar el 48% en 1970, al 84% en 2007, con lo cual el mercado andino se convirtió en el principal destino para bienes industriales de los países miembros.

Colombia y Venezuela conformaron el eje principal de las relaciones comerciales andinas, en parte por la creciente importancia del mercado venezolano para Colombia. En efecto, las exportaciones colombianas a Venezuela fueron ascendiendo progresivamente hasta superar los 1.000 millones de dólares en 1998, 2.000 millones en 2005, 5.000 millones en 2007 y 6.100 millones en 2008, llegando Venezuela a constituir el segundo mercado para las exportaciones totales de Colombia, y el primero para las exportaciones de manufacturas, seguida por Ecuador y Perú, países hacia los cuales también se expandieron notablemente las exportaciones.

Venezuela había sido protagonista del proceso de integración andino desde sus inicios, con la Declaración de Bogotá suscrita en 1966 por los presidentes Carlos Lleras Restrepo de Colombia, Eduardo Frei de Chile, Raúl Leoni de Venezuela, y los representantes presidenciales de Ecuador y Perú. Pero al final, Venezuela se abstuvo de suscribir el Acuerdo en 1969 por discrepancias en aspectos sensibles de la negociación, pero tras una ardua tarea, de la cual tuve el honor de ser partícipe, en 1972 se iniciaron negociaciones formales, y en febrero de 1973, el país suscribió el Acuerdo de Cartagena. A partir de allí, la integración andina se convirtió en una pieza clave de la estrategia internacional de Venezuela, y se fue tejiendo una importante trama de intereses entre los países miembros, y muy especialmente entre Colombia y Venezuela.

Al gobierno de Rafael Caldera lo sucedieron los presidentes Carlos Andrés Pérez, decidido partidario de la integración, Luis Herrera Campíns, Jaime Lusinchi, y los segundos períodos de Pérez y Caldera, durante los cuales Venezuela mantuvo una actitud comprometida con la integración andina. Más tarde surgieron iniciativas como las del Grupo de los Tres (G-3) suscrito en 1994, a través del cual Colombia y Venezuela decidieron profundizar sus vínculos de integración económica con México.

La crisis surgida en Venezuela a raíz de los intentos fallidos de golpe de Estado liderados por Hugo Chávez en febrero y noviembre de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, hecho impensable en un sistema democrático que se consideraba blindado, abrió una etapa de desestabilización política. Pérez, durante cuyo mandato el proceso de integración andino recibió fuerte impulso, superó con éxito las rebeliones militares, pero se vio obligado a rectificar en su política económica, y quedó debilitado, hasta el punto de que, en 1993, fue sometido a un juicio político y destituido por vías constitucionales a ocho meses del término de su mandato, el cual fue concluido por el ilustre historiador Ramón J. Velásquez. El proceso contra el presidente Pérez demostró la independencia de los poderes, pero afectó a la democracia venezolana. Habría sido más sensato que concluyera su período, y si era del caso someterlo a una investigación posterior, antes que exponer al país al elevado costo político que significó su remoción del poder. 

En diciembre de 2003 fue electo Rafael Caldera para un segundo mandato, desligado ya del partido Copei que fundó en 1945. El segundo gobierno de Caldera se vio afectado por una profunda crisis bancaria que costó al país cerca de 15 puntos del PIB, amén de un largo ciclo de precios bajos del petróleo iniciado en 1983, que llevó la cesta petrolera venezolana en 1998, año electoral, a US$ 8 por barril, forzando a drásticos recortes presupuestarios. Caldera, de edad avanzada, debió hacer frente a duros tiempos de turbulencia política y económica.

Con esos antecedentes, ante el desgaste sufrido por los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y Copei, que se habían alternado en el poder entre 1959 y 1994, o por falta de renovación generacional y doctrinaria, la población optó por un cambio y llevó al poder a Hugo Chávez en las elecciones de diciembre de 1998, bajo la mentoría de Fidel Castro, quien desde Cuba se convirtió en el protagonista de la política venezolana. Tras el sobreseimiento de la causa a Chávez por las intentonas golpistas de 1992, y su liberación en 1994, Chávez rectificó tácticamente el camino insurreccional y asumió la vía electoral aconsejado por Castro, quien lo había recibido en diciembre de 1994 en La Habana con honores de Jefe de Estado, en una apuesta visionaria que le permitió realizar el sueño de asumir el control de Venezuela.   

El primer paso dado por Chávez al llegar al poder en 1999 fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución de 1961, sin cumplir con el proceso de consulta nacional que había ofrecido. Aprobada la nueva Constitución en la Asamblea, en la cual tenía total mayoría, en diciembre de 1999 fue aprobada en un referéndum nacional. Pero, en la transición entre una Constitución y otra, Chávez desplegó una hábil estrategia a través de la conformación de un “Congresillo”, con poderes supraconstitucionales, con lo cual pudo intervenir la escogencia de los integrantes de los demás poderes, limitar su independencia e ir asumiendo poderes autocráticos. 

Refiere Martha Márquez que, a partir de 2002, y de la elección de Álvaro Uribe en Colombia, las relaciones bilaterales sufrieron deterioro, no obstante haberse logrado etapas de colaboración bajo un entendimiento pendular entre ambos gobiernos. Para la investigadora, la concepción populista de Chávez llevó a extrapolar al terreno diplomático las estrategias discursivas de Chávez en la política doméstica, construyendo una visión maniquea de Colombia, que profundizó las diferencias entre los dos gobiernos. Así se explica la agudización de las tensiones del régimen chavista con Estados Unidos y Colombia, cuyos gobiernos, con visiones distintas, junto a otros de la región, han intentado construir un “muro de contención” al avance del Socialismo del Siglo XXI.

Socorro Ramírez considera que las tensiones bilaterales surgidas desde el año 2005 pusieron al descubierto temores y desconfianzas recíprocas, en una relación productiva y tormentosa al mismo tiempo. En efecto, la utilización del arma económica por parte del régimen chavista en cada oportunidad en que se han generado situaciones de crisis constituye un hecho inusual, pues no solo se afecta el intercambio comercial, sino que deterioran las relaciones positivas entre los dos países, y se crean perturbaciones en las zonas de frontera, las cuales terminan por ser las más afectadas.

Ciertamente, es la primera vez en la historia de Venezuela en que se recurre a un manejo discrecional de la política energética y de comercio exterior, en función de objetivos políticos, lo cual ha conducido a la destrucción de valor y de logros en la región, entre ellas en las relaciones económicas bilaterales con Colombia, tras décadas de esfuerzos de integración.

Es contradictorio, pero la Constitución venezolana de 1999 es muy avanzada en las disposiciones relacionadas con la integración económica latinoamericana. El artículo 153 dispone lo siguiente:

“La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración…. procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

Esa norma constitucional faculta a Venezuela a la aplicación de principios avanzados de supranacionalidad, o la participación en ambiciosos proyectos para la eventual conformación de espacios de integración en América Latina y el Caribe, en forma congruente con los principios integracionistas que se hicieron política de Estado en Venezuela, y con el pensamiento bolivariano que inspira a la nación, al cual el gobierno proclama falsamente su adhesión.

Desde que asumió el poder, Chávez fue inclinándose hacia una línea autocrática, centralista y estatista, que no se compagina con las pautas de integración. De allí que el gobernante mostró siempre escasa motivación hacia el proceso andino, al cual formulaba frecuentes críticas, que se fueron sumando a las diferencias en la visión política con los demás Jefes de Estado. La supranacionalidad choca en efecto con los conceptos clásicos de soberanía que se acentúan en regímenes populistas o caudillistas, como ocurre también entre centralismo y descentralización.

En ese orden de ideas, Chávez planteaba la necesidad de modificar el Acuerdo de Cartagena para darle una orientación menos económica o comercial y más política, social y militar, postura que generaba suspicacias en sus contrapartes. Su idea era la evolución de la CAN hacia una Unión Bolivariana de Naciones, como paso hacia una Confederación de Estados Latinoamericanos, con claros componentes políticos y militares. La falta de receptividad por parte de los demás Jefes de Estado a tales propuestas hizo modificar el interés del régimen venezolano en la integración andina, y que Chávez optara por la “fusión” entre los procesos cubano y venezolano, la adhesión al Mercosur, y la constitución del ALBA, UNASUR y otras instituciones financieras o energéticas, cuyo leitmotiv era la búsqueda de un liderazgo continental favorable al Socialismo del Siglo XXI. 

En abril de 2006, Chávez oficializó la denuncia del Acuerdo de Cartagena, para un mes después, en mayo, separar al país del Acuerdo del Grupo de los Tres (G-3), integrado por Colombia, México y Venezuela, tras agrios enfrentamientos con el presidente Fox, y acelerar la adhesión de Venezuela al Mercosur. Era evidente la mayor afinidad de Chávez con Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner y su esposa en Argentina, Tabaré Vásquez en Uruguay y Nicanor Duarte en Paraguay, y no así con Uribe de Colombia, Toledo del Perú, Sánchez de Lozada y Mesa de Bolivia, y Lucio Gutiérrez de Ecuador, sin olvidar la oposición de Chávez a Alan García en los comicios en los cuales fue electo presidente del Perú. Chávez fue también el protagonista del hundimiento de la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Mar del Plata en 2005.  

La decisión de retirar a Venezuela de la CAN no fue compartida por los sectores políticos, intelectuales y empresariales del país, pues era contradictoria con el compromiso integracionista asumido por el país como política de Estado, con el pensamiento bolivariano que tanto se exalta, y con los postulados de la Constitución de 1999. Diferente fue después el desarrollo de profundos nexos políticos y económicos tras el ascenso al poder de Evo Morales y Rafael Correa, cuyos gobiernos se vincularon parte junto al de Venezuela en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), proyecto liderado por Hugo Chávez y Fidel Castro, para conformar una fuerza alternativa antiestadounidense, orientada a la cooperación política y a la irradiación del modelo socialista. 

Para Elsa Cardozo, el retiro de Venezuela de la CAN obedeció “a una nueva aproximación ideológica y estratégica que tomó distancia del liberalismo económico y político desde una óptica revolucionaria y antiliberal, y replanteó los fines de la política exterior venezolana”. Cuando Chávez insistía en la integración política, cambiaba el sentido que tuvo la integración para Venezuela y otros países de la región, al impulsar un proyecto en el cual la integración sería una alianza sustentada en postulados ideológicos. La visión de Chávez sobre la integración no fue pues plural ni económica, sino orientada hacia la afirmación de su liderazgo, con un alto componente doctrinario.

Cardozo recuerda un párrafo donde, en 1998, siendo Chávez candidato a la presidencia, esbozó su pensamiento, influido por el ideólogo-asesor, el argentino Norberto Ceresole:

“Si no logramos la integración, como decía Bolívar, de fuerzas alternativas en este continente en corto plazo, aunque tomemos el poder aquí y allá, si no logramos la integración de un proyecto continental, es mentira, no habrá cambio ni integración posible con permanencia en el tiempo”.   

Para Fernando Sanz Manrique, la decisión del gobierno venezolano se orientó por: a) Un concepto de integración abstracto, que no toma en cuenta que las dificultades en el proceso vienen de los políticos y burócratas que se oponen a la entrega de soberanías nacionales para la verdadera integración. b) La percepción de que detrás de los proyectos de infraestructura impulsados por las disponibilidades financieras venezolanas, está un propósito de hegemonía regional, al querer aplicar en la región el modelo soviético de la Planeación Internacional Socialista. c) Al retirarse de la CAN, Chávez afirma la supremacía de su legislación interna y de sus decisiones personales sobre compromisos internacionales que son parte de esa institucionalidad. d) El gobernante desconoció, en contra de la voluntad de su pueblo y de la racionalidad de la integración, el papel del empresariado como agente insustituible de la integración. e) La actitud de Chávez de someter a los sobresaltos de su línea política y personalismo, los compromisos internacionales que involucran a su país. f) La incoherencia entre la retórica y los hechos en la materia integracionista, invocando la figura del Libertador para justificar planes nacionalistas, destructores de avances difícilmente obtenidos, e impulsores por reacción, de la influencia de EEUU en la región. g) La adopción en Venezuela un proteccionismo disfrazado con el nombre de “desarrollo endógeno”, inviable en un mundo globalizado, limitativo de perspectivas diferentes a la industria petrolera y de aproximaciones al propósito integrador. h) La mezcla de los problemas de carácter político con el proceso de integración, lo que afecta un propósito que debe trascender a situaciones coyunturales.

El retiro de Venezuela fue el factor desencadenante de la peor crisis histórica de la CAN desde su nacimiento en 1969, dada la alta capacidad importadora del país, el poder económico asociado a la disponibilidad de recursos energéticos, y por tratarse junto con Colombia, de los dos principales protagonistas de la integración andina. A ello se agregan las diferencias surgidas en las relaciones a raíz de la oposición al expansionismo del Socialismo del Siglo XXI, y a la ilegitimidad de origen y de conducción en que ha incurrido el régimen chavista, que llevaron a la reciente disolución de UNASUR, por haberse desviado hacia objetivos políticos y no los de la integración económica, y a la acción del Grupo de Lima, que ha apoyado el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela, junto a decenas de países del mundo, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea.  

En el futuro, cuando se produzca un cambio político en Venezuela, habrá que replantearse la participación de Venezuela en la CAN, de donde no ha debido nunca salir, y reconstruir relaciones económicas bilaterales de enorme potencial. No hay duda de la inconveniencia de dejar libradas las relaciones económicas colombo-venezolanas a la discrecionalidad de gobernantes de turno, bajo un enfoque presidencialista o político de carácter bilateral, sino fundarse en bases multilaterales. Dejar de lado el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena o el del Tratado de Montevideo de 1980, esquemas laboriosamente construidos a lo largo de décadas, equivaldría a exponer las relaciones a los vaivenes de la relación política entre los gobiernos, en lugar de contar con mecanismos claros para la solución de controversias, esenciales para garantizar el cumplimiento de los compromisos que se asuman, y una normativa transparente en lo relativo a los mecanismos de acceso a mercados.

Las relaciones comerciales de Venezuela con el Mercosur, de cuyo esquema fue suspendida por la violación de la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia, han sido limitadas y asimétricas. El acercamiento entre Brasil y Venezuela se inició bajo los gobiernos de Rafael Caldera y Fernando Henrique Cardoso en los años 90. En 1995 surgió por primera vez la idea de un acuerdo de complementación económica de Venezuela con el Mercosur. Pero dicha iniciativa no tuvo acogida en Venezuela, dadas las escasas exportaciones hacia esa región, las asimetrías existentes, los perjuicios potenciales al sector agropecuario venezolano, y porque varios sectores de la vida venezolana se sentían más confortables en la CAN, y con una negociación en bloque CAN-Mercosur.

Tras ocho años de negociaciones entre la CAN y el Mercosur, entre 1995 y 2003 fue posible llegar a acuerdos, gracias a la inclusión de tratamientos asimétricos en la apertura de mercados, lo cual permitió sortear resistencias empresariales tanto en Colombia como en Venezuela. En suma, la negociación con el Mercosur quedó conformada por un acuerdo con Bolivia en 1996, uno con Perú en 2003, y otro con Colombia, Ecuador y Venezuela, en 2003. Con posterioridad a ese acuerdo, tras la denuncia del Acuerdo de Cartagena y del G-3, Venezuela aceleró las negociaciones con el Mercosur, las cuales concluyeron con la suscripción de un Protocolo de Adhesión en julio de 2006. El proceso de ratificación legislativa de dicho Protocolo fue complejo, pues si bien fue aprobado por los Congresos de Argentina y Uruguay en 2007 y por la Asamblea Nacional de Venezuela ese mismo año, en los Congresos de Brasil y de Paraguay fue objeto de controversias que demoraron su aprobación, hasta que Lula logró inclinar el favor al Congreso, y en Paraguay, cuyo legislativo se había resistido a aprobarlo, se aprovechó la crisis por la destitución del presidente Lugo y la suspensión de ese país, para hacer entrar a Venezuela al Mercosur por la puerta de atrás en 2012. El argumento para no aprobar el Protocolo era que la democracia en Venezuela estaba gravemente amenazada, y que era necesario que ese país respetara la cláusula democrática del Mercosur. Fue una posición valiente, que dio luego la razón a quienes se oponían al ingreso de Venezuela a dicho esquema, pues ni cumplió con los compromisos asumidos, ni rectificó ante la implantación de un gobierno totalitario. Venezuela fue así suspendida de derechos y obligaciones en 2016, hasta tanto subsistan dichas condiciones, invariables hasta el presente.  

Venezuela ha quedado así aislada, ni como miembro de la CAN ni del Mercosur, con su proyecto bandera UNASUR acabado, con sanciones del mundo al gobierno ilegítimo y usurpador  del poder, y contra decenas de personeros del régimen de parte de la comunidad internacional, dada la decisión del régimen de perpetuarse en el poder persiguiendo a la oposición política, neutralizando a la Asamblea Nacional legítima, desconociendo la voluntad popular, y organizando procesos electorales y constituyentes fraudulentos y ventajistas.

La situación económica, política y social de Venezuela es calamitosa, pues se destruyó el tejido productivo privado, industrial, comercial y agropecuario, se expropiaron miles de empresas que están en abandono y bancarrota en manos del Estado; los servicios públicos: agua, electricidad, gas, combustibles, están colapsados, el país vive una contracción económica propia de una guerra; la diáspora de venezolanos que huyen de las penurias supera los cinco millones de personas, la industria petrolera, otrora líder mundial se encuentra en ruinas; la hiperinflación sume a los venezolanos en una pobreza que no vivió ni siquiera en el siglo XIX; y el valor del signo monetario es inexistente, llevando a la clase media, bastión económico-social de Venezuela, a la miseria.

En materia petrolera, el país pasó de producir 3,4 millones de barriles diarios en 1998, a apenas 400.000 b/d en la actualidad, la mitad de la producción colombiana, con la empresa bandera PDVSA en situación de virtual quiebra, pese las vastas reservas de que dispone el país, una de las mayores del mundo. Las refinerías, seis en total, con una capacidad instalada de las mayores del planeta funcionan a apenas un 10% de su capacidad, y lo que es insólito, el país debe importar gasolina desde Irán, actual su aliado energético, pero los combustibles que logran llegar a puertos venezolanos están lejos de atender las necesidades del mercado nacional.

El Banco Central no detiene su irresponsable emisión de dinero inorgánico para financiar gasto público, siendo esa la causa principal del perverso binomio devaluación-inflación. Las industrias básicas, en el pasado poderosas: siderurgia, petroquímica, aluminio, bauxita, minería de hierro, están paralizadas, salvo la extracción ilegal y depredadora del oro. La infraestructura nacional, incluyendo el Metro de Caracas, orgullo en Latinoamérica, se encuentra en alto estado de deterioro.

En lo social, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) 2020, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económica y Sociales (IIES) de la Universidad Católica “Andrés Bello” de Caracas, desde el punto de vista demográfico y social, la disminución de la población venezolana, que debería ser de 32,6 millones de acuerdo con las proyecciones, es de solo 28,4 millones, como consecuencia del éxodo de venezolanos al exterior. Al perderse parte importante de la población en edades activas (15 a 39 años), se ha producido un envejecimiento de la población, junto a retrocesos importantes en la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 12 a 26 por mil; en la esperanza de vida al nacer, la cual retrocede en 3,7 años para los nacidos entre 2015-2020; hacinamiento en las viviendas, limitaciones en el acceso y calidad de los servicios públicos esenciales: agua, electricidad, aseo urbano y cloacas, y un incremento significativo de familias de carácter monoparental, con un mayor grado de feminización en la jefatura de los hogares.  

En lo referente a la pobreza y desnutrición, la encuesta muestra que Venezuela se encuentra en el rango de países de Centroamérica, el Caribe y África, ubicándose como el país más pobre, y el segundo más desigual de América Latina detrás de Brasil. Pero al considerar factores como la inestabilidad política, el PIB y la pobreza extrema, Venezuela ocupa el segundo lugar entre 12 países encabezados por Nigeria, y seguidos por Irán, Chad, Congo y Zimbabue. El 96,2% de los hogares sufre de pobreza de ingresos, 54% de ellos en pobreza reciente y 41% en pobreza crónica. La pobreza multidimensional (educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda) afecta ya al 64,8% de los hogares, y creció en 13,8% solo entre 2018 y 2019. El índice de pobreza alcanza 75,8%, y el de pobreza extrema a 54,6%, un nivel superior al de Haití, que se suponía ser el país más pobre de América Latina, y el índice de desigualdad (Coeficiente de Gini), es solo comparable al de Nigeria.

Luce inconcebible cómo, de acuerdo con el estudio, el 79,3% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica de productos alimentarios, ya que el ingreso diario promedio es de US$ 0,72, amén de que, en materia de fragilidad política, Venezuela ocupa un triste segundo lugar en la región. El desempleo creció en 6,9% en el último año, llegando al 52,6% en las familias más pobres, con un 44% de la población mayor de 15 años en situación de inactividad. El 13% de los niños en edad escolar no asiste a las escuelas dada la precaria situación del país y la pésima situación del sistema educativo nacional, con disparidades hacia los estratos menos favorecidos, los cuales no pueden completar los niveles la educación obligatoria, mostrando un severo rezago educativo del 27%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años la asistencia escolar bajó de 48% en 2016 a 25% en 2019, quedando por fuera 2.282.000 jóvenes. Del total de estudiantes, solo el 15% puede acudir a instituciones de educación privada, dada la grave reducción de los ingresos de los hogares ya comentada.

En cuanto a la desnutrición infantil, terrible mal que compromete a varias generaciones, un 30% de los niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica (por talla o estatura) y 8% muestra desnutrición global (por indicador peso/edad). Venezuela se ubica así en este aspecto en el segundo peor lugar de América Latina, y en una posición inferior a la de Haití, equiparándose a países africanos muy pobres como Zambia, Nigeria y Camerún.  

Esta es apenas una síntesis de las evidencias asociadas a la destrucción institucional, política, económica y social que ha sufrido Venezuela en los últimos 20 años, entre ellos el desempleo ocasionado por la drástica reducción del número de empresas privadas, el clima de desconfianza prevaleciente para la inversión en función de erróneas políticas públicas, y la intervención generalizada e ineficaz del Estado en la economía, amén de la corrupción prevaleciente, y el irrespeto al Estado de Derecho y al régimen de libertades. La caída del PIB en un 70% en los últimos cinco años, con previsiones este año de una nueva contracción del 25%, confirma la dramática ruina del país, que incluye la virtual desaparición de la clase media, derivada de una clara intencionalidad de nivelación hacia abajo, pues no se ha pretendido que los pobres mejoren, sino que todos queden igualados en la miseria, como otra forma más de subyugación de la población venezolana.

Dicho de otra manera, la prioridad del régimen gobernante no ha sido precisamente la superación de la pobreza, sino que esta sea una herramienta para distraer al pueblo de los temas políticos, ya que debe centrar su atención en largas colas y esfuerzos para adquirir gasolina u otros bienes de primera necesidad, o teniendo que inscribirse en el carnet de la patria para obtener cajas de alimentos “CLAP” o participar de cualquier programa asistencial del gobierno, permeado por el ventajismo y la corrupción. Hace algunos años, el ministro Jorge Giordani, mano derecha de Hugo Chávez, manifestó a un General de la República lo siguiente: “Mire, General, usted todavía no ha comprendido la revolución. Se lo explico: esta revolución se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente la forma de pensar y de vivir, y esos cambios sólo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio. El piso político nos lo da la gente pobre: ellos son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanzas”.

Al presentar la mencionada encuesta ENCOVI, el Rector de la UCAB Francisco Virtuoso expresó: “Lamentablemente, no somos portadores de buenas noticias: la situación de Venezuela clama al cielo y exige cambios. Los datos revelan “la destrucción acumulada en la calidad de vida de los últimos años. Las universidades, academias, sociedad civil y toda la ciudadanía deben convertir este drama en exigencia de cambio con propuestas serias y realistas; no podemos conformarnos con sobrevivir, y ver partir a nuestros jóvenes”. Ello debe servir de espejo a los países de América Latina, y en particular a Colombia, para abrir los ojos sobre el trágico balance del Socialismo del Siglo XXI. 

La convocatoria a elecciones parlamentarias el 6 de diciembre próximo en Venezuela, en forma inconstitucional y con un nuevo pero viejo Consejo Nacional Electoral oficialista, que ha sido protagonista de los numerosos fraudes perpetrados, ha sido rechazada por la mayoría de las democracias del mundo, e internamente, 27 organizaciones políticas han manifestado su intención de no participar por considerarlas una farsa, orientada a conquistar el único bastión pendiente: la Asamblea Nacional, pues el resto de los poderes públicos ya le están subordinados.

No están aún claros los caminos de salida, pues si bien el mundo ve con preocupación cómo el régimen ha convertido al país en un Estado fallido y forajido que amenaza la paz continental y mundial, en refugio de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las FARC, de grupos terroristas provenientes del mundo islámico, la activa acción del crimen organizado que actúa a sus anchas, amén de que el país está ocupado por Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía y los más turbios intereses internacionales, pese a ello, no se han alcanzado los objetivos del gobierno de transición que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, a saber: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones limpias, simplemente porque el régimen no está dispuesto a medirse en elecciones limpias, ni permitir la alternabilidad democrática. Los engañosos intentos de diálogo del pasado solo han servido para oxigenar al régimen y permitirle ganar tiempo.

Es triste además que la Fuerza Armada Nacional haya mutado hacia un partido político armado, ideologizado y subordinado al régimen, en abierta violación al artículo 328 de la Constitución, que define su carácter de institución profesional, sin militancia política, organizada para garantizar la independencia geográfica, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, consagrando además que: “en cumplimiento de sus funciones, está al servicio de la Nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna”. Pues bien, siguiendo enseñanzas fidelistas de otorgarles poder, dinero e impunidad ante la corrupción, la cúpula militar ha devenido en cómplice de atrocidades y violación de derechos humanos, como lo ha denunciado en la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige la expresidenta de Chile Michelle Bachelet. Pese al descontento existente en ciertos segmentos castrenses, y a que hay numerosos oficiales presos o exiliados, la subordinación de la FAN al régimen absolutista lleva consigo la semilla de su propia destrucción, y de una necesaria refundación futura. 

Habría que recordar al chavismo y a los militares el Bolívar que no leyeron, cuando en el Convento de Franciscanos, el 2 de enero de 1814, afirmó: Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes: es un país de esclavos”. O cuando en 1828 dijo: “Compadezcámonos del pueblo que obedece y del hombre que manda solo”. O la lapidaria frase dirigida a Madariaga en 1816: “El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es gobierno”. O a O’leary: “Es insoportable el espíritu militar en el mando civil”, o cuando en 1819 expresó ante el Congreso de Angostura: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder”. Cuando se oye a integrantes de la Fuerza Armada venezolana amedrentar y reprimir a quien se oponga al proceso, como lo hizo recientemente el Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino, al espetarle a la oposición: “No pasarán, no serán poder político jamás. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela”. Sería necesario refrescarle al ministro que el Bolívar no ha leído fue categórico al sentenciar: “Maldito el soldado que empuña un arma contra su pueblo”.

Es también notorio el nivel de corrupción alcanzado durante el régimen que gobierna a Venezuela. Aparte de la inexistencia de control político, y de la opacidad en las ejecutorias de los funcionarios públicos, el saqueo de que ha sido objeto el patrimonio nacional es de proporciones épicas. Se calcula entre 500 y 600.000 millones de dólares el daño patrimonial a la nación, por descarados robos, malversación de fondos, comisiones, y negocios hechos con la participación de oportunistas o de agentes económicos sin valores éticos.

En la conferencia dictada ante esta audiencia por el Dr. Carlos Ochoa, se destacó el Poder Moral en el pensamiento del Libertador. Pues bien, Chávez llegó al poder enarbolando las banderas de la lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción, pero lamentablemente, Venezuela es hoy uno de los países más pobres y corruptos del mundo. Ello pese que en la Constitución Bolivariana de 1999 se creó el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, con la atribución de formular advertencias a los funcionarios públicos sobre el incumplimiento de sus obligaciones legales, o la aplicación de sanciones en caso de que no sean acatadas, además de realizar actividades pedagógicas para inculcar el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas, los valores trascendentales de la República, y el y respeto a los derechos humanos. Nada más ausente en la realidad actual venezolana, lo digo con pesar, pues los integrantes del Consejo Moral Republicano son designados entre personas incondicionales al régimen, como lo son también los integrantes de los demás poderes, quienes jamás han respondido a los mandatos constitucionales, pues los violan de manera continua y sistemática, como lo afirma el destacado jurista Asdrúbal Aguiar Aranguren en su libro “Historia Inconstitucional de Venezuela”.

“Moral y Luces son nuestras primeras necesidades”, afirmaba el Libertador al exaltar los valores de la educación, las virtudes cívicas y la necesaria lucha contra la corrupción. No es casual que en enero de 1824, Bolívar haya decretado en Lima la pena de muerte para todo “funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos”. El decreto respondía a la voluntad del Libertador de poner freno a actos de corrupción de los funcionarios de la naciente República y sentar un precedente para la administración honesta de los recursos del Estado. Pues bien, esa ha sido otra mácula en la mal llamada revolución bolivariana, que ha usurpado el legado del Libertador para enmascarar el mayor fraude que hayan conocido las Américas en toda su historia, y que ha convertido a Venezuela, del país de oportunidades, que debería estar a la vanguardia de América Latina, en la retaguardia del mundo, en un lugar donde impera el oscurantismo, la corrupción, la arbitrariedad, las fuerzas del mal, la anomia y la anarquía.

Venezuela se merece un futuro mejor y requiere la solidaridad activa de sus hermanos latinoamericanos, y de la comunidad internacional creyente en los valores de la libertad y la democracia.

“¡Libertad, libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!” decía Madame Roland camino al cadalso, y yo agrego: y todavía hay tiranos en el mundo.

La paz perdurable en Colombia pende de la libertad y de la democracia en la hermana Venezuela, y del propósito de desterrar esa descompuesta tiranía. “Abajo cadenas”, “muera la opresión”, “la fuerza es la unión”, “la América toda existe en nación”, son hermosas expresiones recogidas en estrofas del himno nacional de Venezuela, exaltando lo medular del pensamiento del Libertador, quien además no dudaba en condenar las tiranías, al expresar en San Mateo, 1814: “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”.

¡Que así sea! Honremos una vez más en este día la memoria del Libertador en esta excelsa Sociedad Bolivariana, tratando de rescatar la autenticidad de su pensamiento libertario y de unidad, que trascenderá a los siglos, sin que pueda ser usurpado por los falsos profetas que mancillan su nombre.

Recordando a Choquehuanca en su arenga al paso del Libertador por el pueblo de Pucará el 2 de agosto de 1825:

“Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac; pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de tres siglos de expiaciones ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos. Sois pues, el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho, y para que alguno pueda imitaros será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado tres repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas, elevan vuestra estatua a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina”.

Muchas gracias, señor presidente, señores académicos, distinguidos invitados. 

Bogotá, 20 de agosto de 2020.