COLOMBIA, COVID19 Y POSTPANDEMIA

Pedro F. Carmona Estanga

La pandemia del COVID 19 ha resultado globalmente más devastadora de lo esperado. El proceso de vacunación en el mundo ha sido lento, salvo en un país como Israel, que lidera las estadísticas mundiales. Por su parte, Estados Unidos avanza a buen paso, en Europa lo secunda el Reino Unido, en el Medio Oriente los Emiratos Árabes Unidos, y en América Latina Chile, aunque este no se ha escapado del ataque virulento de la tercera ola. Del otro lado del mundo, la India está desbordada por la pandemia, en una catástrofe humanitaria que está moviendo a la solidaridad de varios países, y en nuestra región, Brasil está gravemente afectado, por un mal manejo de la crisis sanitaria.
Colombia ha sido también duramente golpeada por la pandemia. Al momento de escribir esta nota, los contagios ascienden a 2.787.000 personas, con un número de fatalidades de 71.800 personas, y 2.603.000 recuperados. Pero en las últimas semanas, el número de fallecidos en el país ha superado 400 al día, lo que ha obligado a declarar la alerta roja y a adoptar estrictas medidas de confinamiento en las principales ciudades del país. Es el caso de Bogotá, donde la ocupación de camas UCI ha alcanzado el 91%, Medellín 99%, Cali 97%, y Villavicencio el 100%, entre otras. El proceso de vacunación supera ya las 4.500.000 dosis, aunque a un ritmo afectado por los retrasos en el suministro de vacunas. Con todo, el gobierno espera llegar el 30 de mayo a cerca de 8 millones de vacunados, gracias a la llegada de nuevos lotes de 2,5 millones de biológicos, lo cual genera esperanzas de que la tercera ola de la pandemia comience pronto a ceder, siempre y cuando la población observe la mejor de las vacunas: el cuidado personal y la responsabilidad colectiva, aspecto que ha fallado en ciertos círculos, al asumir actitudes de ligereza frente al enemigo invisible.
Aparte de la incidencia de la pandemia sobre la salud y la vida, un problema serio para Colombia es el impacto económico de la crisis, tras la seria afectación de la actividad productiva y el empleo, consecuencia de los largos 14 meses de pandemia. La tendencia positiva que traía la economía, tras un crecimiento del PIB del 3,3% en 2019, y de una expectativa aún mayor en 2020, se revirtió con la caída en el último año de un 6,8%, que afectó principalmente a los sectores industrial y de construcción, seguido por el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comidas, y minería. En el último cuatrimestre de 2020 se había registrado una recuperación del 3,6%, que atenuó la estrepitosa caída de meses anteriores, pero ahora con la tercera oleada del virus el logro de los objetivos de recuperación de este año, que se estimaban en 5,1%, se verá retrasado. El desempleo en agosto de 2020 llegó a 20,2%, y cerró el año con 15,9%, con efectos económicos y sociales significativos, aunque la inflación del 2020 fue la más baja desde 1955, de tan solo 1,6%.
El gobierno debió adoptar heroicas medidas para atenuar la situación de los estratos menos favorecidos y de empresas afectadas por la crisis, entre ellos créditos para el sector agropecuario, un ingreso adicional para 2,6 millones de hogares a través del programa Familias en Acción, giros a estudiantes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, auxilios a la tercera edad en el programa Adulto Mayor, además de la devolución del IVA a los sectores más vulnerables de la población y los subsidios brindados al pago de la nómina, para empresas en situación de dificultad. Ello, aunado a la baja en la recaudación fiscal, llevaron a un incremento de la deuda externa a alrededor de US$ 156.000 millones (64 MM de deuda privada y 92 MM deuda pública), un nivel equivalente al 51,8% del PIB, que es elevado para los estándares del país, pero muy inferior al de Estados Unidos y a la mayoría de los países avanzados. De otro lado, el déficit fiscal se estima para este año en 8,6% del PIB, una cifra superior a la estimada originalmente de 7,6%, y que plantea irremediablemente soluciones urgentes para que el país no pierda el “grado de inversión” por parte de las calificadoras de riesgo, lo cual se traduciría en una elevación de las tasas de interés y el encarecimiento del servicio de la deuda.
El hecho es que la pandemia deja a Colombia en una situación económica comprometida, en un año preelectoral, pues el sostenimiento de los programas de ayuda a los más necesitados no es sostenible con el nivel de ingresos actuales. El gobierno presentó al Congreso una reforma tributaria con la cual busca recaudar unos Co$ 25 billones, que serían distribuidos en el pago de la deuda, financiamiento de los programas sociales, algunos de los cuales aspira a convertir en permanentes, inversiones y devolución del IVA. Sin entrar en complejos tecnicismos tributarios, como lo hizo la comisión internacional de expertos invitada por el gobierno, es indudable que Colombia necesita una reforma tributaria estructural, que garantice la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo, ampliando la base tributaria y simplificando el enrevesado número de exenciones existente. Pero a la hora de asumir el costo político de una reforma, sin duda impopular, ninguna organización política se atreve a medírsele, por la situación real prevaleciente, y por tratarse de en un año preelectoral.
Es cierto que la reforma presentada por el gobierno ha merecido categóricos rechazos, pero no es menos cierto que alguna reforma debe ser acordada, como lo ha pedido el gobierno, mediante la búsqueda de un acuerdo político aceptable, quizás en un monto menor al aspirado, y acompañado de una reducción del gasto público. Las paradojas son que el año pasado, la mayoría de los Economistas y líderes políticos instaban al gobierno a paliar los efectos de la crisis rompiendo la regla fiscal, endeudándose más y lanzando más dinero al mercado. Pero a la hora de afrontar el pago de la cuenta, y de la necesidad de más recursos, independientemente de cómo se haga, surge la temida reacción al “eso no es conmigo”, mientras sectores sindicales promueven paros, como si la situación económica y sanitaria estuvieran para eso.
Vienen pues semanas decisivas para el futuro de Colombia, en lo económico y en lo político. Las medidas fiscales que se aprueben tendrían vigencia a partir de 2022, vale decir, no benefician al gobierno saliente. Así pues, en la búsqueda de los consensos necesarios, quienes aspiran a gobernar al país a partir del próximo año, deberían reflexionar sobre la conveniencia de contar con una situación fiscal más sana, sin perjuicio de que las reformas no afecten sensiblemente a la clase media, ya que los estratos populares reciben compensaciones, exenciones o subsidios. En otras palabras, hay que contribuir solidariamente, en forma responsable y razonable, como se hizo en su momento con los aportes para garantizar la seguridad democrática. Son tiempos que ameritan colocar la mira en el interés de la nación, asumir el debate en forma constructiva y con criterio amplio, considerando las contrapropuestas que surjan, siempre y cuando sean viables, justas, y consideren el problema fiscal de fondo, del cual depende el futuro, más allá de la agenda electoral, de los intereses particulares o grupales, o de los mensajes populistas, como decir: no aceptamos ninguna reforma, como lo proclaman si rubor algunos líderes políticos. Amanecerá y veremos.